La Audiencia Nacional embarga a Gayoso y García de Paredes
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno
ha ordenado el embargo del patrimonio del expresidente de
Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso y del exdirector general adjunto
ejecutivo Javier García de Paredes, al no haber depositado las fianzas
que les impuso en noviembre de 2012 para hacer frente a las
responsabilidades civiles que pudieran derivarse del procedimiento.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, que
investiga las prejubilaciones millonarias que se concedieron estos dos
exdirectivos y otros tres antiguos responsables de la entidad, ha
ordenado el embargo de bienes muebles e inmuebles, entre los que se
encuentra un vehículo, así como de varios productos financieros.
El magistrado impuso el pasado 6 de noviembre una fianza de
7.021.352,57 euros a García Paredes y declaró que Fernández Gayoso debía
ser responsable civil solidario tanto de esta caución como de las que
impuso a otros tres exdirectivos, que aportaron los derechos económicos
de las pólizas de las pensiones que ellos mismos se concedieron.
Se trata del exdirector general de la caja José Luis Pego, que
tuvo que afrontar una fianza de 1.925.222,90 euros; el que era
responsable del Grupo Inmobiliario Gregorio Gorriarán, que avaló
1.218.136,53 euros; y el responsable de la oficina de integración Óscar
Rodríguez Estrada, al que se impuso una caución de 347.920,02 euros.
PERCEPCIONES IRREGULARES
Estas cantidades son las que, según la Fiscalía Anticorrupción,
los exdirectivos habrían percibido irregularmente más lo que tenían
previsto ingresar si su plan de cobros hasta su jubilación hubiera
concluido con éxito. De no constituirse las fianzas, según señalaba el
auto, se procedería al "embargo de bienes de su propiedad en cantidad
suficiente para responder de las sumas que se les reclama".
Los cinco exdirectivos están imputados en la comisión de un delito
de administración desleal o, alternativamente, de apropiación indebida.
En su querella, Anticorrupción apuntaba que los exdirectivos
"dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al
consejo de administración y al Banco de España el importe de sus
prejubilaciones, y a las cuales en parte no tenían derecho, todo ello en
menoscabo de la entidad crediticia que administraban y del Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)".
El Estado es propietario actualmente del 90,6% de la entidad, tras
inyectarle 1.162 millones de euros en 2010 --en el momento de la
fusión-- y otros 2.465 millones de euros en 2011, a través del FROB.
Tras la nacionalización, la auditora BDO realizó un informe en el que
concluyó que la contabilidad de Novacaixagalicia no reflejaba su
"verdadera" situación patrimonial y otras tres compañías la valoraron en
188 millones de euros, explica la querella de Anticorrupción.