Comienza el juicio por la muerte del niño Diego Novo

Se ahogó en la piscina de un colegio

   El Juzgado de lo Penal número 5 de A Coruña celebrará desde este lunes, día 14, el juicio por la muerte de Diego Novo, el niño de cuatro años fallecido en la piscina del colegio 'Liceo La Paz' de A Coruña en 2009.    El juicio, que tendrá lugar los días 14, 16 y 18 de enero, tendrá lugar en la Audiencia Provincial y no en la sede de los Nuevos Juzgados ante la afluencia de público prevista, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
   Coincidiendo con el inicio de esta vista oral, en las últimas semanas han aparecido numerosos carteles en distintos barrios de la ciudad herculina con lemas como 'Todos con Diego Novo' y pidiendo 'Justicia'.
CLASE DE NATACIÓN    La muerte de Diego Novo se produjo en marzo de 2009 cuando el menor asistía, junto a otros compañeros, a una clase de natación que abandonó por un instante para ir al baño.
   Después de que hubiese regresado y cuando los alumnos estaban ya fuera de la piscina para cambiarse, los monitores se percataron de que el niño seguía en el agua.
   Pese a los intentos de reanimación, que continuaron por parte de los servicios de urgencia, Diego Novo falleció, una circunstancia que la acusación particular atribuye al tiempo que permaneció bajo el agua sin que los monitores se percatasen.
PENAS DE PRISIÓN    Por estos hechos, están procesados los dos propietarios del colegio, el jefe de estudios, el director técnico, el coordinador de la piscina, la monitora y el socorrista, todos ellos acusados de un delito de homicidio por imprudencia.
   La Fiscalía y la acusación particular piden para la monitora y el socorrista una condena de cuatro años de cárcel, mientras que, para los responsables del centro, el ministerio público solicita tres años de cárcel porque entiende que no se cumplieron todas las medidas de seguridad.
   Por el contrario, el abogado de los padres reclama también cuatro años de cárcel para los responsables del centro, entre ellos el jefe de estudios, cuya imputación no pidió el ministerio público. También reclama la inhabilitación para la profesión de los siete acusados durante seis años.