El Constitucional suspende el euro por receta de la Generalitat
El Pleno del Tribunal Constitucional ha
admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra el cobro
del euro por receta aprobado por la Generalitat de Cataluña el pasado
marzo, lo que implica la suspensión de la medida cautelar de la medida
durante al menos cinco meses.
Según el artículo 161 de la Constitución, el Gobierno puede
impugnar ante el TC decisiones de comunidades autónomas, lo que se
traduce en su supensión durante 5 meses, transcurridos los cuales el
tribunal de garantías debe resolver si prorroga la medida cautelar
mientras sigue estudiando el fondo o bien la levanta.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy entiende en su recurso que la
medida implantada en Cataluña afecta a un supuesto regulado por una ley
estatal y alega que las comunidades no pueden incidir directa o
indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos,
según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.
Fue el pasado diciembre cuando la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, informó en la rueda de prensa posterior al
Consejo de Ministros de la intención del Gobierno al entender que la
tasa catalana "perjudica" a la igualdad de los españoles al "gravar dos
veces" la adquisición de medicamentos.
La vicepresidenta añadió que el Gobierno solicitaría al tribunal
de garantías la suspensión del euro por receta en Cataluña para "evitar
que los ciudadanos sigan pagando" un sobreprecio que "afecta a
polimedicados o personas con más necesidades sanitarias".
El Ejecutivo central atendió entonces el dictamen emitido por el
Consejo de Estado en el que se consideraba que la medida implantada por
la Generalitat podía ser "inconstitucional". Se encuentra en vigor desde
junio del pasado año.
En un "ejercicio de coherencia", la vicepresidenta anunció el
pasado viernes que el Consejo de Ministros había acordado recurrir
también ante el Constitucional el euro por receta de la Comunidad de
Madrid al entender que vulnera el "principio de igualdad" de los
ciudadanos y se "grava un acto médico".