El Gobierno va a imponer la unidad de mercado en toda España

 
   El Consejo de Ministros ha dado luz verde al anteproyecto de ley de unidad de mercado, una norma que busca reducir la "maraña administrativa" de España y con la que se podría elevar 1,52 puntos el PIB en diez años, según los estudios realizados por el Ministerio de Economía y Competitividad.
   Así lo ha señalado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado que, según estos cálculos, la norma podría elevar el PIB un 0,15% al año (1.500 millones).
   La ley, según Sáenz de Santamaría, "no perjudica a nadie y beneficia a todos" y es una de las reformas "más importantes" incluidas en el plan nacional enviado a Bruselas con el objetivo de elevar la competitividad de la economía y desbrozar la maraña normativa en España.
   Para conseguirlo, se basa en el principio de licencia única al permitir que los operadores económicos apliquen su legislación de origen para operar en todo el país, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales. "Se basa en un principio de confianza mutua", ha dicho.
   Además, impulsa la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en la colaboración y la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.
   Así, pretenderá la aplicación de buenas prácticas regulatorias en todas las administraciones y se basará en el principio de no discriminación, por lo que no se exigirán requisitos diferentes para participar en el concurso de una determinada administración.
   Asimismo, facilitará que los ciudadanos puedan poner de manifiesto la quiebra de la unidad de mercado si así fuera. Así, cualquier persona podrá acudir a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, actualmente en tramitación, que podrá incluso iniciar un proceso contencioso administrativo.
   Por otro lado, la norma incluye una disposición adicional para que la plataforma de contratación del sector público incluya las licitaciones de todas las administraciones, con el objetivo de que todo el mundo pueda conocer las necesidades de contratación de cualquier administración.
NO ARMONIZA NI RECENTRALIZA    "Es una ley que parte de la coordinación de todas las administraciones", ha dicho Sáenz de Santamaría, tras garantizar, sin embargo, que no pretende la armonización ni la recentralización, puesto que se aceptarán las licencias o permisos de cada administración asumiendo la presunción de legalidad. "Lo bien hecho para una tiene que estar bien hecho para todas", ha añadido.
   Según la portavoz, no tiene sentido que hoy en día una empresa de servicios alimentarios tenga que incluir especificaciones diferentes en función de dónde vaya a comercializar sus productos, que una compañía de agua mineral tenga que cambiar los etiquetados o que un fontanero necesite inscribirse en un registro especial o conseguir un certificado profesional diferente para trabajar en otra comunidad.
   A su parecer, la reducción de la "maraña administrativa" en España es una reclamación generalizada dentro y fuera del país, ya que son muchos los colectivos y los organismos internacionales, como el Consejo Europeo, que han resaltado la necesidad de aprobar una ley así en España, similar a las que existen en otros países vecinos.
UNA NORMA QUE BENEFICIA A TODOS    La norma, según ha dicho, beneficia a todos, aunque sobre todo a las comunidades más industrializadas y con un sector servicios de mayor tamaño, como Cataluña, Madrid y País Vasco. Estas tres regiones suponen el 44,6% del PIB de la industria española; el 43,7% del transporte, comercio y la hostelería y, en términos generales, el 42,5% del PIB español.
   En cualquier caso, la portavoz ha insistido varias veces en que la norma no perjudica a nadie ni modifica las competencias de las comunidades. De hecho, ha explicado que el exceso de carga administrativa se lleva en España el 4,6% del PIB, cifra que se reducirá en un 35% gracias a la nueva ley.
   A su parecer, es una ley "muy importante", que inicia ahora el trámite de consulta y que irá a la conferencia sectorial de Comercio para buscar el máximo consenso y acuerdo con las comunidades autónomas. "Es una norma muy importante y necesaria que puede generar un importante impulso a la credibilidad", ha concluido.