El teniente de alcalde de Lloret de Mar
(Girona), Josep Valls, de CiU, ha abandonado la Audiencia Nacional en
taxi y sin querer hacer declaraciones tras ser imputado de los delitos
de prevaricación y cohecho por su presunta relación con la red de mafia
rusa que habría blanqueado 56 millones de euros en la localidad,
informaron fuentes jurídicas.
Valls, octavo detenido en la
denominada 'operación Clotilde', ha declarado durante una hora ante el
titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, que
le ha dejado tras prohibirle salir del territorio nacional sin su
permiso y ordenar la retirada de su pasaporte.
A su salida del
tribunal, el cargo público se ha negado a responder a las preguntas de
los informadores y ha tomado un taxi en compañía de su abogado, Manuel
González Peeters, que también defiende a Diego Torres, el exsocio del
Duque de Palma, Iñaki Urdangari, en el 'caso Nóos'. "Si me dejáis
entrar", se ha limitado a decir el letrado.
BENEFICIÓ A PETROV
Según fuentes jurídicas, desde su cargo de concejal de Urbanismo y
cumpliendo órdenes del exalcalde y actual diputado en el Parlamento de
Cataluña Xavier Crespo, Valls habría facilitado las licencias de las que
se beneficiaron las empresas del presunto cabecilla de la trama, Andrei
Petrov.
A cambio de estas concesiones habría recibido pagos de
la organización criminal a través de la esponsorización del club de
fútbol de la localidad, del que era presidente.
Entre las
licencias que Valls habría concedido se encuentra la adjudicación del 35
por ciento de la gestión del centro comercial construido en la antigua
plaza de toros de la localidad, que incluyó la creación de 400 plazas de
garaje. La Administración local gestionaba el 65 por ciento restante.
El teniente de alcalde, detenido el pasado martes, es portavoz del
grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Lloret de Mar y tiene las
atribuciones del Área de Territorio, Sostenibilidad y Seguridad
Ciudadana, del Área de Alcaldía y delegación relativa a barrios; también
es presidente del Club de Fútbol Lloret.
SE INVESTIGARÁ EN CATALUÑA
El juez Velasco tiene previsto enviar, previsiblemente mañana, jueves,
al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) las diligencias en
las que se investiga la supuesta relación de Crespo con la mafia rusa,
al considerar que existen indicios de que podría haber cometido los
delitos de prevaricación y cohecho.
Tras recibir la
confirmación por parte del Parlamento catalán de la condición de
diputado de Crespo, el juez enviará al TSJC una exposición razonada en
la que detallará los indicios delictivos que existen contra él, a fin de
que este órgano judicial le tome declaración como imputado.
Petrov admitió el lunes durante su declaración judicial que pagó dos
viajes a Moscú a Crespo y su familia, uno de los cuales tenía como
objetivo su participación en una feria de turismo que se desarrolló en
la capital rusa. También admitió pagos en concepto de esponsorización al
Club Hoquei Lloret.
OTROS SIETE IMPUTADOS
En el marco de esta causa el juez Velasco ha enviado a prisión a
Petrov; su cuñado y lugarteniente, Constantin Mischanin; y la arquitecta
Pilar Gimeno. A todos les atribuye los delitos de blanqueo de
capitales, falsedad en documento mercantil y cohecho. A Petrov, además,
le imputa por integración en organización criminal.
Además,
quedaron en libertad aunque imputados el padre del presunto jefe de la
organización, Boris Petrov; el presidente del club de hockey patines de
la localidad, Joan Perarnau; la responsable inmobiliaria Teresa Gimeno; y
la secretaria de Petrov, Jessica Holgin.