El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los
Diputados su intención de incluir el enjuiciamiento por el procedimiento
de los denominados "juicios rápidos" de delitos hasta ahora excluidos de este modelo como son los robos con violencia.
Así ha respondido el titular de Justicia durante el Pleno de la Cámara Baja a la pregunta que le ha planteado el diputado del PNV Emilio Olabarría,
que ha expuesto el problema planteado por el hecho de que este tipo de
delitos tarde en enjuiciarse entre año y año y medio permitiendo que el
infractor siga reincidiendo. Ha puesto un ejemplo en el que un
delincuente ha llegado a reincidir hasta en 22 ocasiones mientras se
tramitaba uno de los casos.
A lo largo de su respuesta parlamentaria, Ruiz-Gallardón ha
corregido a Olabarría al señalar que el incremento de este tipo de
delitos, según datos de la Fiscalía General, fue según la última
estadística realizada del 14,47, y no del 47 por ciento.
Seguidamente, ha explicado que su departamento trabaja en sendas
reformas del Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
pasará a llamarse Código Procesal Penal, que conllevarán un aumento de
las penas para este tipo de delitos en los supuestos más graves, como
los robos con violencia en domicilios, práctica de butrones y su
comisión por grupos organizados.
Ha reconocido que hoy este tipo de actuaciones no pueden
enjuiciarse mediante el procedimiento rápido porque conllevan penas de
hasta 6 años de prisión. "Necesitamos una justicia ágil y la figura del
juicio rápido en el proyecto de ley de enjuiciamiento criminal mantendrá
un procedimiento ágil para delitos flagrantes y de resolución
sencilla", ha anunciado, por lo que se incluirán los robos con violencia
en los en enjuiciamientos rápidos.
Olabarría ha dado las gracias al ministro por su compromiso si
bien le ha advertido de las dificultades que puede entrañar la citada
reforma, al coincidir en muchas ocasiones el delito de robo con
violencia con otras conductas conexas que obligan a que el caso se
dilucide en un juicio ordinario. Igualmente, le ha advertido de otras
cuestiones a solucionar como la dificultad de encontrar voluntarios para
las ruedas de reconocimiento o la necesidad de normalizar la confección
de atestados.