Los ministros de Empleo de los Veintisiete
han alcanzado este jueves un "acuerdo político" por el que se
comprometen a garantizar a los jóvenes menores de 25 años que dejen el
sistema educativo o estén en paro una oferta de trabajo, formación
adicional o prácticas en un plazo máximo de cuatro meses.
La ministra irlandesa, Joan Burton, ha constatado el "acuerdo
político" sobre esta denominada 'garantía juvenil' pese a las dudas
expresadas por algunas delegaciones, como Reino Unido o República Checa,
que reclamaban más flexibilidad en los plazos para ser "realistas".
El presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, ha pedido
a los Estados miembros "que traduzcan este acuerdo en medidas concretas
lo más rápidamente posible". "Demasiados jóvenes europeos se preguntan
si encontraran trabajo alguna vez o tendrán la misma calidad de vida que
sus padres. Necesitan que les demos respuestas", ha dicho.
La garantía, que debe estar en marcha como muy tarde en 2014,
tendrá financiación de la UE principalmente con los 6.000 millones -de
los cuales sólo 3.000 millones son dinero nuevo- del nuevo fondo contra
el paro juvenil aprobado por los líderes europeos el pasado 8 de
febrero. Los Estados miembros también podrán utilizar su asignación del
fondo social europeo.
No obstante, el comisario de Empleo, László Andor, ha pedido a los
Gobiernos que los nuevos fondos se sumen, y no sustituyan, a los
recursos financieros que los Estados miembros tenían previsto invertir
contra el paro juvenil.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado durante el
debate público que el Gobierno destinará los 918 millones que le
corresponden del fondo europeo contra el paro juvenil para financiar
parte de su Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, mediante la que
se aplicará la 'garantía juvenil' en España.
España, precisamente, tiene la segunda tasa de paro juvenil más alta de la UE, el 55,6%.
"Debemos actuar de forma decidida y con celeridad para que no
perdamos a esa generación de jóvenes para el empleo y también para la
participación social", ha dicho Báñez. Y ha defendido que la puesta en
marcha de esta 'garantía' se haga "respetando también los procesos de
consolidación fiscal tan importantes que algunos países estamos llevando
adelante".
La 'garantía juvenil' no tiene valor vinculante sino que es sólo
una recomendación. No obstante, el Ejecutivo comunitario podría exigir
estas medidas a los Estados miembros con más paro, como España, en el
marco de sus directrices sobre política económica, según fuentes
diplomáticas.
El sistema de 'garantía juvenil' ya existe en países como Finlandia, Suecia y Austria, y la Comisión lo considera un éxito.
Bruselas propone a los Gobiernos que seis directrices: establecer
acuerdos de colaboración entre servicios de empleo públicos y privados,
agentes sociales y organizaciones juveniles; garantizar la intervención
temprana para reducir la proporción de jóvenes que ni estudian ni
trabajan; mejorar las medidas de inserción profesional; utilizar la
financiación de la UE; revisar continuamente el funcionamiento del
sistema; y ponerlo en marcha lo antes posible.
Alrededor de 5,5 millones de jóvenes (el 23,4%) están en el paro
en toda la UE y 7,5 millones ni estudian ni trabajan. El coste económico
de no integrar a los jóvenes en el mercado laboral asciende a 150.000
millones al año, o el 1,2% del PIB comunitario, según Bruselas. En
España, el coste se sitúa en 15.700 millones, el 1,47% del PIB.