El Gobierno impugna ante el Constitucional la declaración soberanista de Cataluña
El Consejo de Ministros ha acordado
impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista
aprobada por el Parlamento de Cataluña al entender que su contenido "no
sólo no es compatible" con la carta magna sino que "produce efectos", al
plantear el inicio de un proceso "para el que mandata a poderes
públicos y ciudadanos". El Ejecutivo solicitará la suspensión de esa
resolución hasta que se resuelva el conflicto.
La
vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha
hecho el anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros, un paso que llega tras los informes de la Abogacía del Estado
y del Consejo de Estado a favor de la oportunidad de esta impugnación.
La vicepresidenta ha precisado también que no se trata de un recurso de
inconstitucionalidad ni de un conflicto de competencias, sino que se
emplea la "tercera vía" que ofrece la Constitución, la de impugnar el
acuerdo del Parlament del pasado 23 de enero. Y que espera que el
presidente de la Generalitat, Artur Mas, lo entienda.
Sáenz de
Santamaría ha hecho hincapié en que el Estado tiene la "obligación" de
cumplir y hacer cumplir la Constitución, que la declaración soberanista
contraviene. Acude por ello a los tribunales, con la normalidad con que
lo hacen las comunidades autónomas cuando "se ven compelidas" a defender
sus competencias o impugnar decisiones del Estado que consideran que
les afectan.
Por ello, por esa obligación de defender la carta
magna porque así lo prevé la propia carta magna, la vicepresidenta
espera que Mas entienda la reacción del Gobierno y ha recalcado que el
Gobierno respeta que las autonomías se defiendan también en el
Constitucional. "La Constitución funciona en esa doble vía", ha
insistido.
Dicho esto, Sáenz de Santamaría no ha querido
avanzar cuál será la reacción del Gobierno si la Generalitat catalana no
atiende a la impugnación y sigue adelante cumpliendo la declaración
soberanista. Ha pedido en cualquier caso respeto a la legalidad y a las
decisiones del Constitucional.
DIÁLOGO SOBRE TODO LO DEMÁS
La vicepresidenta ha recalcado la voluntad del Gobierno de mantener el
diálogo con la Generalitat catalana y el "gran interés" del presidente,
Mariano Rajoy, por reunirse con Artur Mas, encuentro pendiente desde la
elección de este como presidente de la Generalitat de Cataluña. No está
fijado aún, y tampoco ha aclarado si Rajoy ha tomado la iniciativa de
llamar a Mas, si es que éste no lo ha hecho; se ha limitado a decir que
los equipos de ambas partes tienen el encargo de "ajustar" la reunión.
Sáenz de Santamaría ha reivindicado también que la impugnación no es
contradictoria con esta voluntad de diálogo y acuerdo y, volviendo al
argumento anterior, ha dicho que el Gobierno no lo interpreta así cuando
las autonomías recurren sus leyes o acuerdos. "Cada uno cumple con su
obligación", ha reiterado.
En esta línea, la vicepresidenta ha
subrayado que el Gobierno mantiene el principio de lealtad y
colaboración institucional y que está dispuesto a hablar sobre cualquier
asunto sobre el que puede hacer algo, sean financieros, fiscales, de
infraestructuras o de regulación, como ya dijo Rajoy en el debate sobre
el estado de la nación.
En el caso de la consulta, ha dicho, el
Ejecutivo no puede hacer nada porque sólo el pueblo español en su
conjunto es soberano, no una parte de él.
ARGUMENTOS
El
Gobierno entiende que la resolución del Parlamento de Cataluña resulta
inconstitucional por vulnerar lo dispuesto en los artículos de la
Constitución 1.2, 2, 9.1 y 23, en relación con el artículo 168. Entre
los principales argumentos se encuentra el de que no se puede declarar
la soberanía del pueblo catalán cuando esta solo le corresponde al
pueblo español en su conjunto. Además, el Gobierno defiende que la
Constitución garantiza la "indisoluble unidad de la Nación española,
patria común e indivisible de todos los españoles".
También se
argumenta en la impugnación que una reforma constitucional que conlleve
un cambio sustancial del modelo de Estado "ha de ser el producto de una
decisión del pueblo español, titular de la soberanía nacional, y de
acuerdo con los procedimientos previstos en la propia Constitución en su
artículo 168".
En consecuencia, se agrega, el reconocimiento
de un nuevo sujeto soberano en el pueblo catalán requiere una previa
decisión constituyente, "políticamente imputable" a quien es el pueblo
soberano, el español. Al hilo de este argumento, se ve conculcado el
derecho del resto de españoles a participar en política, como defiende
el artículo 23.
Por último, con su declaración, el Gobierno
entiende que el Parlamento catalán se sitúa fuera de la Constitución,
cuando esta obliga a todos los ciudadanos y los poderes públicos, entre
ellos, el legislativo autonómico.