Se necesitarán tres impagos para poder desahuciar
El Gobierno tiene previsto cambiar la Ley Hipotecaria con el fin
de que solo se produzcan desahucios en el caso de que se hayan producido
tres impagos de la hipoteca, en lugar de un solo impago como se exige
hasta ahora, según ha anunciado este viernes la vicepresidenta, Soraya
Sáenz de Santamaría. De Santamaría ha anunciado estas medidas,
que se introducirán vía enmienda al nuevo Decreto Ley, después de
conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que
ha determinado que la legislación española sobre desahucios vulnera la
normativa comunitaria porque no garantiza a los ciudadanos una
protección suficiente frente a cláusulas abusivas en las hipotecas.
El Ejecutivo tiene intención de determinar como abusivas algunas
cláusulas y eliminarlas del ordenamiento jurídico. En concreto, pretende
limitar los intereses de demora. "Se va a introducir una enmienda en el
nuevo decreto de ley de manera que se reduzcan los intereses de demora a
tres veces el interés legal del dinero. No se podrá pactar un interés
de demora por encima de ese interés", ha precisado De Santamaría.
Además, exigirá que las ejecuciones hipotecarias se lleven a cabo sólo
si ha habido tres impagos de la hipoteca. En la actualidad, la Ley
contempla que la entidad bancaria puede iniciar un procedimiento de
ejecución a partir del primer impago.
Fuentes de la Asociación
Hipotecaria Española (AHE) han explicado a Europa Press que aunque la
Ley prevé que la entidad inicie los trámites cuando se ha producido un
impago, en realidad esta exigencia no se hace efectiva, ya que bancos y
cajas se ponen en contacto con el cliente con la intención de conocer
sus circunstancias y poder llegar a un acuerdo.
"En la
realidad, cuando se ha producido un impago, las entidades se ponen en
contacto con el cliente para ver por qué no han pagado. La ejecución
hipotecaria no es un proceso que favorezca a ninguna de las partes. El
cliente pierde la casa y para la entidad resulta un procedimiento
costoso. Por eso se suele esperar más tiempo antes de iniciar el
procedimiento de ejecución hipotecaria", han detallado.
Pese a
que en un principio se pretende hacer estos cambios vía enmienda --de
hecho, ya ha ampliado su plazo de admisión--, el Gobierno no descarta
aprobar estas medidas por decreto ley, ya que lo que busca es que el
proceso se lleve a cabo de la manera más rápida posible. "Vamos a
analizar los tiempos de duración de la tramitación parlamentaria. No
rechazamos ninguna cosa, cuanto antes hay que resolverlo", ha precisado
la vicepresidenta.
Sobre si la eliminación de estas cláusulas
tendrá carácter retroactivo, la vicepresidenta ha resaltado que "si son
abusivas, son nulas y la nulidad de pleno derecho significa que no
pueden formar parte de un contrato". "Se trata de reforzar de qué manera
evitamos que se pacten hipotecas o cláusulas como estas", ha
argumentado.
GRUPO DE TRABAJO
La
vicepresidenta ha explicado que tras conocerse el fallo se constituyó un
grupo de trabajo compuesto por los principales ministerios con
competencias en esta materia, entre los que destacan Economía y
Justicia, y en el que se están abordando las reformas concretas que han
de ejecutarse para adaptar la normativa española a lo que marca la
sentencia del TUE.
De Santamaría ha precisado que pese a que la
sentencia no califica como abusivas las cláusulas que en ella se
plantean, el Ejecutivo sí quiere aclarar este aspecto y eliminar del
ordenamiento aquellas que podrían crear problemas.
Los
ministerios también analizan las reformas concretas que hay que llevar a
cabo en la Ley de Enjuiciamiento Civil que afectan a los procedimiento
hipotecarios, de que manera que se traslade el fallo de la sentencia del
TUE.
La vicepresidenta ha manifestado que el Gobierno, que
acatará y cumplirá la sentencia, reforzará además la capacidad para
detectar cláusulas abusivas y evitar que sean incluidas en las
escrituras de hipotecas.
DACIÓN EN PAGO
Por otra parte, Sáenz de Santamaría se ha referido a la dación en pago
que aparece en la sentencia del TUE, una fórmula que, ha dicho, ya
recoge el derecho español desde hace mucho tiempo pero que, a su juicio,
"no evita el problema del lanzamiento". "La dación en pago es dejar las
llaves y se da por saldada la deuda, pero el inquilino se queda en la
calle", ha apuntado.
Por ello, ha recordado que el Ejecutivo
creó un Código de Buenas Prácticas que ahora se va a intentar reforzar
para que en determinados supuestos, si se produce la dación en pago, el
inquilino no se quede en la calle cuando se trata de casos de máxima
necesidad.
Al ser preguntada por si con estos cambios en la
normativa el Gobierno estaba haciendo autocrítica, la numero dos del
Ejecutivo ha señalado que cuando Mariano Rajoy llegó a La Moncloa se
hizo un primer estudio de este asunto y se tomaron una serie de medidas,
entre las que figuran el Código de Buenas Prácticas y un decreto ley.
"Los gobiernos tienen que dar respuesta, y si hay que fortalecerlas no
pasa nada, es nuestra obligación", ha indicado, al tiempo que ha
señalado que "habida cuenta de la continuación de la crisis" se buscó un
acuerdo con la oposición en el que el Gobierno planteó alguno de los
asuntos que ahora se pretenden adoptar. "No se llegó a un acuerdo y por
decreto ley aplicamos las medidas más urgentes, como suspender los
desahucios de dos años", ha recordado.
Sáenz de Santamaría ha
insistido en que España es "un país que cumple". "Se nos ha venido
encima una crisis muy dura y hay gente que ha perdido su empleo y no
puede pagar. A la gente que está en situación de necesidad es a la que
el Gobierno ha procurado atender", ha concluido.