Feijóo anuncia que la Xunta pone 500 viviendas a disposición de las familias afectadas
Xunta y poder judicial se unen para evitar la marginación de los desahuciados
Los jueces y magistrados que desempeñen su
función jurisdiccional en Galicia pondrán en conocimiento de las
autoridades municipales y autonómicas los casos de desahuciados
especialmente vulnerables, con el fin de facilitarles una vivienda
social o un piso de alquiler.
Este mecanismo será posible gracias al convenio de colaboración
firmado este lunes entre los presidentes del Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner; de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; y
de de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), José
Manuel Rey.
Se trata de un convenio pionero suscrito entre el órgano de
gobierno de los jueces con una comunidad autónoma que permitirá
"movilizar de forma exponencial a partir de esta misma mañana" las 500
viviendas que la Xunta ha puesto a disposición de las personas que se
vean inmersas en un procedimiento de desahucio derivado de una ejecución
hipotecaria o de un juicio por falta de pago de la renta.
Feijóo, que ha agradecido al CGPJ su "sensibilidad" e "interés",
ha puesto de relieve que este convenio mantiene la independencia del
poder judicial, con la aplicación del Estado de Derecho y la propia
implicación de los magistrados ante el "asfixiante drama" de las
familias desahuciadas.
"Cuando un juez advierta una especial vulnerabilidad de un
afectado, notificará el hecho a la comunidad autónoma, que
automáticamente se pondrá en contacto con los servicios sociales de base
de los ayuntamientos", ha explicado el presidente gallego, para añadir
que los servicios sociales autonómicos y municipales buscarán la
posibilidad de facilitar una vivienda social y, en segundo lugar, una
vivienda en alquiler.
"Vamos a encender las alarmas de la Administración autonómica y
los ayuntamientos gallegos", ha enfatizado Feijóo, para poner de relieve
que se activará el mecanismo incluso antes de dictar sentencia, con el
fin de ayudar a los desahuciados. "Cada vez que una familia pierde su
hogar se resienten los pilares de la convivencia", ha subrayado.
ALTO NIVEL DE EXIGENCIA CIUDADANA
Tras él, ha tomado la palabra el presidente del Consejo del Poder
Judicial, Gonzalo Moliner, para enmarcar este acuerdo en una cuestión de
"justicia social" dirigida a evitar que un desahucio lleve al
"desamparo total" a personas especialmente desvalidas o vulnerables y
mostrar su confianza en que el CJPJ firme acuerdos semejantes con otras
comunidades en el futuro.
"Muchos ciudadanos de gran crisis económica se encuentran inmersos
en procesos de ejecución que terminan con la subasta y la adjudicación
de sus viviendas o en un procedimiento de desahucio por falta de pago,
con el consiguiente riesgo de exclusión social", ha advertido, para
señalar que los afectados deberán cumplir los requisitos establecidos en
el programa de realojo de afectados por ejecuciones hipotecarias
gestionado por el Instituto Galego da Vivienda.
Por su parte, el presidente de la Federación Galega de Municipios e
Provincias, José Manuel Rey Varela, ha destacado que en estos tiempos
los poderes públicos afrontan un "nivel de exigencia ciudadana muy alto"
y que tienen la "obligación de estar a la altura de los problemas" de
la sociedad y de hacerlo "en tiempo real con inmediatez".
"Estoy convenido de que los ayuntamientos gallegos estarán a la
altura de lo que este convenio pide, exige y, sobre todo, a la altura de
servir con este convenio al interés general, a las personas que más lo
necesitan en estos momentos como consecuencia de una crisis económica
que ya dura demasiado tiempo", ha afirmado.
Para el presidente de la Fegamp, "son los técnicos municipales,
los servicios sociales municipales que están presentes en cada barrio,
en cada calle, los que conocen todas y cada una de las situaciones que
están viviendo sus ciudadanos". "Por eso, la información resulta
fundamental para prevenir situaciones como las que estamos viendo y
sufriendo en estos tiempos", ha finalizado.