La nueva Ley gallega de función pública
"actualizará" la legislación vigente y la adaptará a la norma básica
estatal, de forma que "unificará" el tratamiento a los empleados
públicos autonómicos y también incluirá un plan de ordenación de
recursos humanos, que contempla la posible "reasignación" de efectivos
según las necesidades de cada área, aunque no conllevará "despidos".
Así lo ha manifestado la conselleira de Facenda, Elena Muñoz, que
ha comparecido con el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, para
desgranar una ley que situará a Galicia a la "vanguardia". Y es que este
marco legislativo "estable y único" afectará no sólo a los empleados
públicos de la Xunta, sino también de entidades locales, entes
instrumentales, al personal de administración de universidades y a otros
órganos como, por ejemplo, el Consello Consultivo.
Entre sus principales novedades, la conselleira ha señalado que se
apuesta por el "principio de evaluación continua" de la actuación de
los empleados públicos, lo que significa ratificar la carrera horizontal
de los funcionarios y una "progresión profesional", sin cambio de
puesto de trabajo. De forma genérica, Muñoz ha señalado que se tendrán
en cuenta los "méritos" de los trabajadores.
Asimismo, ha subrayado que también se podrá "incentivar" el
trabajo de los empleados públicos y "estimular" su formación y
eficiencia, además de "valorar" su actitud profesional individual. Sobre
cómo se podrían materializar estos "incentivos", la conselleira ha
indicado que cualquier tipo de posible ascenso o de mejora económica, se
concretará en un posterior desarrollo de la ley.