Accionistas minoritarios de Pescanova han
presentado una querella criminal en la Audiencia Nacional en la que
solicitan penas de hasta seis años de prisión para el consejo de
administración de la firma gallega por presuntos delitos societarios,
entre ellos falseamiento de sus cuentas anuales y administración
fraudulenta o desleal.
Así se recoge en la querella, a la que tuvo acceso Europa Press,
en la que Joaquín Yvancos, exabogado de José María Ruiz Mateos,
argumenta que el consejo de administracion ha cometido presuntamente
otros delitos como abuso de información privilegiada en el mercado de
valores, teniendo en cuenta que hubo firmas que se desprendieron de
acciones antes del preconcurso.
En concreto, consideran que los administradores han vulnerado
presuntamente varios artículos del Código Penal, entre ellos el 282,
penado con hasta cuatro años por falsear la información
económica-financiera "con el propósito de captar inversores o
depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero u obtener
financiación por cualquier medio".
"En el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el
depósito, la colocación del activo o la financiación, con perjuicio para
el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o
acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior. Si el perjuicio
causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis
años de prisión y multa de seis a doce meses", señala la demanda.
Los afectados también extienden la demanda a la Comisión Nacional
del Mercado de Valores (CNMV), al considerar que no desarrolló "una
actividad diligente, una vigilancia concienzuda y con la determinanción
precisa y no pudo percibir con prontitud la verdadera situación de la
compañía".
Por ello, consideran que el organismo supervisor ha reaccionado
"tarde, de manera lenta y poco atinada", al tiempo que ha permitido a
los inversores destinar "importantes cantidades" a la compra de acciones
de la sociedad un día antes de la suspensión de la cotización.
Asimismo, la querella se ha interpuesto contra la firma BDO,
auditora de Pescanova durante once años, al estimar que su conducta ha
sido "inadmisible y no justificable".
En concreto, Yvancos representa a un grupo de accionistas
minoritarios, con una media de entre 20.000 y 30.000 euros en acciones
de Pescanova, aunque el afectado con mayor importe invertido, un
camionero de Cuenca, supera los 400.000 euros.
LA AEMEC TAMBIEN CONTRA PESCANOVA
Por su parte, el bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo, a
petición de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de
Empresas Cotizadas (AEMEC), ha creado un grupo de trabajo para estudiar
las medidas legales a emprender con el fin de defender los intereses de
los accionistas minoritarios de Pescanova, según han informado a Europa
Press en fuentes de dicha asociación.
Este equipo de trabajo está compuesto, entre otros abogados del
bufete, por varios Catedráticos de Derecho Mercantil y encabezado por
Juan Ortiz-Úrculo, director del departamento de Penal Económico de
Cremades & Calvo-Sotelo y ex fiscal general del Estado.
Dicha asociación mantendrá en los próximos días diversas reuniones
con accionistas minoritarios para tratar de coordinar la acción
conjunta que resulte más eficaz a la hora de defender sus intereses.