El Gobierno admite que el factor de
sostenibilidad, que tendrá que definir en apenas un mes un comité de
expertos creado a tal efecto, puede retrasar la edad de jubilación más
allá de los 67 años fijados a partir del año 2027, según el documento
sobre dicho parámetro que entregó el secretario general de Seguridad
Social, Tomás Burgos, a la Comisión del Pacto de Toledo el martes.
El documento, recogido por Europa Press, señala que el factor de
sostenibilidad puede tener efectos sobre la edad de jubilación en dos
sentidos. Por un lado, aumentando el número necesario de años cotizados
para poder jubilarse, de tal manera que la edad efectiva de jubilación
se acerque a la edad legal, establecida en los 67 años a partir de 2027.
Por otro lado, el Ejecutivo admite que una vez unificada la edad
legal de jubilación, "es posible seguir aumentando dicha edad legal", al
tiempo que también reconoce que el factor de sostenibilidad puede tener
efectos sobre la "indexación de las pensiones", que ahora se actualizan
según la evolución del IPC del mes de noviembre de cada año.
Al hilo de esto, el documento del Ministerio de Empleo indica que
en la última década se han producido "comportamientos perversos que el
propio sistema de Seguridad Social origina y que no se deben perpetuar
en el tiempo", como el hecho de que la pensión media del sistema haya
crecido en este periodo más que los salarios y más que la variación de
los precios, así como la "insuficiencia" de las cotizaciones en relación
con algunas prestaciones devengadas o las altas tasas teóricas de
reemplazo de las prestaciones en España en comparación con las de otros
países europeos.
MÁS AÑOS PARA COBRAR EL 100%.
También reconoce el Gobierno que el factor de sostenibilidad puede
tener efectos sobre la fórmula de cálculo de la pensión, al aumentar el
número de años cotizados para alcanzar el 100% de la base reguladora
y/o modificar la fórmula de cálculo de dicha base reguladora.
Junto con los efectos que el factor puede tener sobre las
pensiones futuras, el Gobierno destaca en el documento, al que tuvo
acceso Europa Press, algunos aspectos del sistema que, en su opinión, el
comité de expertos debería tener en cuenta a la hora de definir dicho
factor. En concreto, menciona la evolución de la esperanza de vida y las
relaciones de índices demográficos y económicos.
Además, el documento detalla los procesos de reforma de los
sistemas de pensiones en otros países de la UE y destaca que las
principales tendencias en la mayoría de ellos es considerar toda la vida
laboral en el cálculo de la pensión, no aumentar los tipos de
cotización, rebajar los índices de actualización tanto de las pensiones
como de las cotizaciones tenidas en cuenta en el cálculo de la pensión y
exigir un número mayor de años cotizados para tener derecho al 100% de
la pensión.
El aumento de la edad legal de jubilación compatible con una
flexibilización de dicha edad, mediante un sistema de incentivos y
penalizaciones, y la compatibilidad de la pensión de jubilación con el
trabajo son otras de las tendencias que el Ministerio de Hacienda apunta
de otros sistemas públicos de pensiones en Europa.
GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA.
El documento del Gobierno también destaca que la disminución de la
tasa de natalidad y el progresivo incremento de la esperanza de vida de
las personas mayores hace necesaria la búsqueda de soluciones que
garanticen la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo,
garantizando a su vez pensiones adecuadas.
"Puede concluirse por tanto que son tanto factores exógenos como
endógenos al sistema de Seguridad Social español los que justifican la
necesidad de regular el factor de sostenibilidad, buscando una
definición y estructuración del mismo que no se limite a los factores
demográficos sino que considere la realidad social y económica española
en su conjunto", reza el documento.
Por último, el Gobierno justifica el adelanto del factor de
sostenibilidad, que no estaba previsto que se definiera hasta el año
2027, a la crisis económica que, entre otras cosas, está originando
"altas" tasas de desempleo, así como "el no crecimiento o incluso
bajada" de los salarios, circunstancias que están provocando una
disminución en los ingresos por cotizaciones, "haciendo necesario
incluso la utilización del Fondo de Reserva en el corto plazo".