El magistrado del Tribunal Supremo José
Ramón Soriano defiende la investigación patrimonial a la esposa del
exministro José Blanco, Isabel Mourenza, así como la actuación de la
UDEF en el "caso Campeón" en dos autos dados a conocer este miércoles en
los que rechaza los recursos presentados por la defensa del político
socialista contra las últimas diligencias de investigación practicadas.
En una de estas resoluciones el magistrado del alto tribunal
señala que las pruebas realizadas por la UDEF, entre ellas la
investigación de las cuentas del matrimonio entre 2006 y 2011 y una
nueva transcripción de las conversaciones telefónicas entre Blanco y el
vicepresidente de Azkar, José Antonio Orozco, están justificadas porque
"se hallan en la línea de la investigación del hecho en trance de agotar
la práctica de diligencia con inicial virtualidad esclarecedora".
Igualmente, defiende las gestiones de la UDEF en aras a aclarar un
presunto desfase en el proceso de compra del chalet de Blanco en Las
Rozas (Madrid) porque "en la causa existen datos para entender que la
casa de Madrid en alguna medida se la debía a su amigo Orozco", según
conversaciones telefónicas atribuidas a este último "y no negadas".
Ello da pie para investigar, a juicio del instructor de la causa,
"si existían recursos económicos que no procedieran de sueldos,
precepciones o ingresos legítimos del aforado, todo ello dentro de la
investigación del delito de cochecho impropio por percepciones de
cantidades dinerarias en consideración a su cargo".
UDEF RESPONSABLE Y CORRECTA
En términos igualmente duros, el magistrado Soriano respalda la
labor de la policía judicial, criticada reiteradamente en sus recursos
por el abogado de Blanco, Gonzalo Martínez-Fresneda, pues las incardina
dentro de la labor propia de los agentes, que califica de "responsable y
correcta" y realizada "en forma de dación de cuenta e impulso dela
investigación con conocimiento del fiscal".
En sus recursos, el letrado tachaba la labor de la UDEF de
"prospectiva" por alejarse del origen de la investigación, que no era
otro que el supuesto pago de 200.000 euros a Blanco en una gasolinera de
Guitiriz (Lugo) a cambio de gestiones que se había probado falso a lo
largo de la instrucción según esta parte.
A este respecto, el magistrado que investiga la implicación de
Blanco en una presunta trama de obtención fraudulenta de ayudas públicas
afirma que no cabe pasar por alto que las imprecisiones del denunciante
de estos hechos, el empresario farmaceútico Jorge Dorribo, "no indican
que todo lo declarado por éste sea falso".
PARADA "ANÓMALA" EN GASOLINERA
"A ello se une la anomalía de la parada del señor ministro en el
área de servicio de la gasolinera de Guitiriz para recoger al señor
Dorribo", según el magistrado del Supremo, a lo que se suma "alguna
conversación telefónica", lo que justifica que se le investigue en aras a
"determinar cualquier incremento patrimonial llamativo o anómalo, que
no resulta justificado, como dato indiciario de la precepción del dinero
que se dice recibido por el aforado".
Tampoco puede calificarse de diligencia prospectiva, a juicio de
Soriano, el examen de las cuentas de Isabel Mourenza pues no se
investiga a una persona distinta, "sino a la esposa del imputado en
aspectos económicos, habida cuenta de que se halla casada en régimen de
sociedad de gananciales con aquél".
En un segundo auto se rechaza el recurso contra la nueva
transcripción de las conversaciones telefónicas entre Blanco y el
empresario Orozco porque no producen indefensión en el imputado, "ya que
el cotejo de las transcripciones son elementos instrumentales que
facilitan el acceso al contenido de las conversaciones" y además la
defensa ha tenido acceso a las mismas.
A principios del pasado mes de marzo, la defensa de Blanco
solicitó la anulación de las providencias que validaban los trabajos de
la UDEF por entender, entre otros motivos, que suponían la invasión de
la privacidad de una persona, la esposa del exministro de Fomento, que
no está imputada en esta causa.