La agencia de noticias Associated Press (AP) ha informado de que, entre
las 20 líneas telefónicas cuyos registros de llamadas fueron
investigados por el Gobierno estadounidense, figuran los listados de las
comunicaciones de cinco periodistas y un redactor jefe que participaron
en la elaboración de una noticia sobre una operación de la CIA que
frustró un atentado de Al Qaeda contra un avión con destino a Estados
Unidos, una información que provocó que la Administración intentara
averiguar sus fuentes en la publicación de esos datos.
En una
información publicada en su página web oficial, AP ha subrayado que el
Gobierno aún no ha explicado por qué motivo obtuvo los registros de las
llamadas telefónicas y ha recordado que el Gobierno admitió que está
llevando a cabo una investigación criminal para averiguar la fuente o
las fuentes de una noticia que la agencia publicó el 7 de mayo de 2012
sobre una operación de la CIA que frustró un atentado de Al Qaeda contra
un avión con destino a Estados Unidos, una noticia que desveló
"detalles" del operativo de esta agencia de Inteligencia.
"Los
fiscales han buscado registros telefónicos de reporteros en anteriores
ocasiones pero el tamaño de esta investigación en una amplia selección
de oficinas de AP, incluidos números de la centralita general y líneas
de fax compartidas por delegaciones, es extraordinario", ha advertido
AP ha definido la interceptación de los registros de las llamadas de 20
de sus líneas telefónicas entre abril y mayo como una "intromisión
masiva y sin precedentes" y ha indicado que esta acción del Departamento
de Justicia puede haber afectado a las comunicaciones telefónicas de
"más de cien periodistas" que trabajan en las delegaciones investigadas
por el Gobierno.
"El número exacto de periodistas que usaron
las líneas telefónicas durante ese periodo se desconoce pero más de 100
periodistas trabajan en las oficinas en las que los registros de
llamadas han sido recopilados, en una serie de noticias sobre el
Gobierno y otros temas", ha afirmado AP.
En una carta de
protesta enviada al fiscal general estadounidense, Eric Holder, este
lunes, tras tener conocimiento de la investigación de sus comunicaciones
telefónicas, el presidente y director ejecutivo de AP, Gary Pruitt, ha
acusado al Gobierno de haber obtenido información más allá de cualquier
límite "justificado por cualquier investigación" y ha reclamado la
devolución de los registros de llamadas y la destrucción de todas las
copias de estos documentos.
"No puede haber una justificación
posible para una recopilación tan amplia de comunicaciones telefónicas
de AP y sus reporteros. Estos registros relevan potencialmente las
comunicaciones con fuentes confidenciales en todas las actividades
periodísticas de AP durante un periodo de dos meses, proporcionan una
hoja de ruta sobre las operaciones periodísticas de AP y revelan
información sobre las actividades y operaciones de AP que el Gobierno no
tiene ningún derecho a conocer", ha subrayado Pruitt en su misiva.
EL GOBIERNO HA INVESTIGADO "AGRESIVAMENTE" A LOS MEDIOS
Associated Press ha acusado al Gobierno estadounidense de haber
investigado "agresivamente" a los medios de comunicación norteamericanos
en los casos en los que han dado a conocer información clasificada y ha
recordado que con el actual mandatario norteamericano, Barack Obama, ha
habido investigaciones contra seis personas por difundir información
reservada, "más que con todos los presidentes anteriores juntos".
Después de que AP denunciara que el Gobierno había obtenido sus
registros telefónicos, la Casa Blanca aseguró este lunes que se había
enterado por las noticias de la prensa de la investigación realizada por
el Departamento de Justicia. "No estamos involucrados en decisiones
adoptadas en relación con investigaciones criminales, toda vez que estos
temas son gestionados de manera independiente por el Departamento de
Justicia", ha afirmado el portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney.
AP ha explicado que "normalmente" los medios de comunicación son
avisados "con antelación" cuando el Gobierno quiere conseguir sus
registros telefónicos y que, entonces, se abre una negociación para que
el Ejecutivo obtenga los datos que quiere. "En este caso, sin embargo,
el Gobierno, en su carta a AP, ha citado una excepción a esas reglas que
establece que la notificación previa puede ser obviada si ese aviso
puede "representar una amenaza sustancial a la integridad de la
investigación", ha indicado.