Diego Torres se niega a declarar ante el juez Castro, que instruye el caso Nóos

Diego Torres, exsocio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, quien tenía previsto interrogarle este viernes, tras imputarle un nuevo delito fiscal.
   Así, Torres sólo ha permanecido diez minutos ante el magistrado, de forma que ha abandonado los Juzgados de Vía Alemania de Palma a las 10.22 horas, después de que Castro le hubiera emplazado de nuevo a declarar a fin de que pudiese dar su versión sobre estos nuevos hechos ante la "evidente conexión" que guardan con los que se investigan en el marco del caso Nóos, tal y como ponía de manifiesto en su auto de citación.
   El magistrado volvió a citar al imputado después de recibir un nuevo informe de la Agencia Tributaria en torno a las presuntas irregularidades cometidas a través del conglomerado empresarial de Nóos, y que se hacía eco de indicios que apuntan a que Torres habría defraudado a Hacienda a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio fiscal 2007.
   Durante la instrucción de esta causa, ya le fueron localizados a Torres unos 900.000 euros depositados en el Credit Suisse de Luxemburgo. Sin embargo, el exsocio de Urdangarin, al ser preguntado sobre este dinero, defendió que se trataba de ahorros "de toda la vida", justificando que los trasladó allí desde una cuenta de Andorra puesto que "dudaba de la fiabilidad" del sistema bancario andorrano.
   Se trata de unos depósitos cuya titularidad está en manos de Torres y que presuntamente salieron de la trama Nóos. Finalmente fueron bloqueados por el juez durante el curso de la instrucción del caso.
   El pasado mes de febrero, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 ya interrogó tanto a Torres como al Duque de Palma en torno a un supuesto fraude fiscal de unos 470.000 euros, de acuerdo a los datos suministrados a principios de año por la Agencia Tributaria y en base a los cuales la Fiscalía imputa a ambos un delito contra la Hacienda Pública por el impago del Impuesto de Sociedades y dos por el IRPF en el caso del marido de la Infanta Cristina.
   Y es que, según la documentación a la que tuvo acceso Europa  Press, Hacienda les atribuye haber defraudado un total de 230.979 euros del impuesto de sociedades a través de Nóos durante el año 2007, mientras que eleva a más de 120.000 euros cada una de las cuotas del IRPF que habría defraudado el yerno del Rey Don Juan Carlos en 2007 y 2008.
   En concreto, la Agencia Tributaria eleva a al menos 230.979 euros  la cantidad que en 2007 la entidad aparentemente sin ánimo de lucro  habría eludido abonar a Hacienda por el Impuesto de Sociedades,  presentando para ello gastos ficticios. Unos gastos que según  Hacienda y el Ministerio Público eran "irreales", por lo que "no  podían deducirse válidamente".  
   En concreto, entre los gastos analizados por Hacienda se  encontraban los procedentes de supuestos servicios prestados por  sociedades relacionadas con ambos encausados, como De Goes Center for  Stakeholders Management, Lobby de Comunicación, Nóos Consultoría  Estratégica y Torres-Tejeiro Consultoría Estratégica, cuyas facturas  "no responden a servicio real alguno".
   Mientras tanto, entre los últimos informes presentados por la AEAT ante el juez, La Agencia Tributaria (AEAT), uno de ellos calcula en ocho millones de euros el importe total de las facturas que se cruzaron entre las empresas de la trama Nóos. Más en concreto, Hacienda precisa que en 2004 la facturación que se efectuó entre las propias empresas de la trama por trabajos supuestamente fictios ascendió a 1,4 millones, mientras que en 2005 fue de 2,1 millones, en 2006 de 2,2, en 2007 de 1,7 y en 2008 de 412.225 euros.
   El dictamen destaca cómo "con mucha frecuencia" las facturas se emitían bajo conceptos "extremadamente genéricos o imprecisos", la mayoría de ellas tenían importes "redondos" al tiempo que se han verificado, además, duplicidades respecto a proveedores externos del conglomerado empresarial, "incongruencias" así como "casos notorios de inexistencia del servicio pretendidamente prestado y, en el extremo, de falsificación material de la propia factura".
   Tal y como pone de manifiesto el fisco, las entidades que integraban el grupo devienen "meros instrumentos para drenar y distribuir los recursos obtenidos por medio de la marca Nóos entre sus dos propietarios y dirigentes, los imputados señores Torres y Urdangarin". De hecho, la AEAT llega a aludir a la trama como un "puro andamiaje jurídico formal".
   En lo que al sistema de reparto entre los socios se refiere, Hacienda señala que entre 2004 y 2005, bajo la presidencia de Urdangarin, las facturas que recibieron el Instituto Nóos y Nóos Consultoría de las demás entidades del conglomerado ascienden aproximadamente a una tercera parte del total de ingresos obtenidas por ambas. Ese tercio, a su vez, se repartía al 50 por ciento entre el Duque, a través de la mercantil que comparte con la Infanta Cristina -Aizoon- y su exsocio a través de sus sociedades.
   Un esquema que, según los inspectores de Hacienda, tuvo que adaptarse a la nueva situación originada por el "alejamiento" del Duque de los negocios con el sector público, y por tanto "su imposibilidad de facturar a Nóos como venía haciendo hasta aquel entonces". En efecto, indica, se constata que en ese año "se produce una escisión de las actividades prestadas hasta entonces por las entidades Nóos": por un lado "Aizoon (Urdangarin) y, por otro, las entidades Nóos (Torres)".