Podría quedar visto para sentencia tras los informes de conclusiones y el turno de última palabra de los acusados
El juicio del chivatazo sigue con la audición de la grabación que reveló el soplo
El juicio sobre el chivatazo a ETA en el bar 'Faisán' de Irún que se sigue en la Audiencia Nacional continúa este jueves con la audición de la conversación en la que el dueño del establecimiento, Joseba Elosua, reveló la filtración policial y el visionado del vídeo de vigilancia realizado por el equipo investigador.
En la conversación, obtenida a través de una baliza que Elosua llevaba instalada en su coche, el dueño del 'Faisán' revelaba a su cuñado, Carmelo Luquin, que alguien le había llamado alertándole de que el presunto recaudador de ETA, José Antonio Cau Aldanur, iba a ser detenido y la operación podía "fastidiar el proceso", en referencia supuestamente a las negociaciones del Gobierno socialista con la banda terrorista.
Además, el tribunal que preside el juez Alfonso Guevara procederá al visionado de la cinta de videovigilancia del bar 'Faisán' que realizó el equipo investigador, que presenta dos cortes de 2 minutos y 46 segundos y 15 segundos, respectivamente, según han acreditado durante la vista oral los peritos de la Guardia Civil.
En todo caso, entre las 11.20 y las 11.50 horas, momento en el que la Fiscalía y las acusaciones policiales sitúan el chivatazo, no se han consignado "cortes ni manipulaciones", según los peritos del instituto armado que han comparecido ante el plenario.
VISTO PARA SENTENCIA
Tras la práctica de la prueba documental, las partes presentarán sus escritos definitivos de conclusiones y los acusados podrán disponer de un turno de última palabra, tras lo cual el juicio quedará visto para sentencia.
Los acusados, el exjefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y el inspector José María Ballesteros, se enfrentan a hasta diez y nueve años de cárcel, respectivamente. La Fiscalía solicita para ellos dos y un año y medio de cárcel por revelación de secretos aunque el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, obligó a sus subordinados a incluir como alternativa una petición de cinco años por colaboración con organización terrorista.