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Conchi Basilio
Cartas al Director

El Concello promete rectificar el PXOM en febrero y desafía a Política Territorial para que resuelva antes del 30 de marzo

22-01-2007

El portavoz municipal vigués, José Manuel Figueroa, afirmó que el Concello se compromete a rectificar las deficiencias del PXOM antes del 28 de febrero y desafió a la Consellería de Política Territorial a que lo resuelva definitivamente antes del 30 de marzo, con el objetivo de que el documento está aprobado antes de las elecciones municipales de mayo. En una rueda de prensa, después de la Xunta de Goberno local, el popular se refirió a la "paralización" que sufre el documento tras la decisión hecha pública por la conselleira, María José Caride, de subsanar un total de 80 deficiencias del documento, encaminadas a garantizar la sostenibilidad del futuro de la ciudad. Para Figueroa, la Xunta entra en una "incongruencia" cuando paraliza el documento y a la vez garantiza que estará aprobado en 2007, algo que, según añadió "é imposible". Por ello, retó a la Consellería a que actúe con agilidad y resuelva antes de las elecciones. Según él, la decisión hecha pública el pasado viernes fue de carácter "político" y contó con la influencia del candidato a la alcaldía, Abel Caballero. Además, añadió que se actuó "sen analizar as consecuencias para a cidade". En este sentido, afirmó que sin el PXOM aprobado no habrá suelo disponible para la nueva depuradora proyectada en la ciudad para actuar sobre los problemas de saneamiento de la ría que mantiene a la comunidad bajo la amenaza de una sanción de la UE. Por ello, Figueroa recordó que el próximo 5 de febrero, el conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, presentará en Bruselas su plan de actuación encaminado a eludir la multa. En este sentido, afirmó no saber "que vai dicir" en la reunión, a lo que esperó que imponga la ubicación de depuradora en el Lagares propuesta por el Concello, porque sino "estaría enganando á UE", añadió. Por su parte, la alcaldesa, Corina Porro, también hizo hincapié en este aspecto en sus declaraciones, posteriores a la firma de un convenio. La regidora aludió a una posible disparidad de criterios dentro de los departamentos de la Xunta en cuanto a la aprobación del PXOM. Según opinó, mientras Caride no sería favorable a una resolución positiva, el también socialista Vázquez estaría a favor de la aprobación. Por otra parte, también arremetió contra el BNG por estar "desaparecido" en todo el conflicto, cuando se trata de una formación que apoyó el documento y votó a favor de la aprobación provisional. En cuanto a su encuentro con la conselleira de Política Territorial para tratar el asunto del Plan Xeral, lo calificó de "puesta en escena" auque afirmó que seguirá trabajando en las correcciones referidas a asuntos "de poca relevancia". En este sentido, afirmó que si el expediente vigués tiene problemas de sostenibilidad respecto a las previsiones de crecimiento de la ciudad, los de los concellos socialistas de Santiago y Lugo "no se aprobarán nunca jamás". Consecuencias En cuanto a las consecuencias de la paralización del PXOM, la alcaldesa explicó que muchas compañías comenzarán "desde hoy" a redirigir sus estrategias de inversión para dejar de lado sus proyectos en Vigo ante la carencia de suelo. Más de 300 empresas se encuantran esperando por suelo en la urbe. Según recordó, esta circunstancia llevará pareja la caída de creación de puestos de empleo. Por otro lado, la inexistencia de suelo para ampliar la oferta de vivienda hará que "sólo los ricos" puedan comprarse un piso o una casa en la ciudad. Además, Porro auguró un "caos" a partir del 15 de febrero cuando se levante la suspensión de licencias y vuelva a entrar en vigor el plan de 1993 caracterizado por su inseguridad jurídica y que permitiría construir en lugares que en los que el nuevo plan contempla usos incompatibles. En este sentido Figueroa también destacó que a partir de ahora se podrán pedir la ejecución de sentencias de demolición de edificios en la ciudad, que quedarían amparados en el plan aprobado provisionalmente y que afectarían a unas 4.000 viviendas cuyos ocupantes viven "con incertidume", concluyó.





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