El PP cree que la decisión de la Audiencia "desautoriza" a Zapatero y a Conde-Pumpido

El presidente del PP, Mariano Rajoy, celebró la decisión de la Audiencia Nacional de mantener la situación penitenciaria del etarra José Ignacio de Juana Chaos, resolución que a su juicio "desautoriza" a José Luis Rodríguez Zapatero y al Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido. La reacción del líder del PP fue respondida por el PSOE a través de su portavoz en el Congreso, Diego López Garrido, quien tras expresar su respeto y acatamiento de la decisión, exigió a los populares que no busquen "motivaciones políticas" al fallo como, a su juicio, hacen los cargos de esta formación cuando se ven implicados en casos de corrupción urbanística. La decisión de la Audiencia Nacional (AN) fue criticada por el Gobierno vasco, así como por IU, ERC, BNG, EA y Aralar, mientras que Batasuna la calificó de "basura judicial". Mariano Rajoy aseguró que el acuerdo del pleno del tribunal ha sido "una de las alegrías más grandes" que ha recibido en su vida, porque "reconforta" y "une a los españoles en contra del terrorismo" tras el "evidente chantaje" al que De Juana sometía al Estado. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, expresó el "respeto" del Gobierno a la resolución, lanzó un mensaje de "tranquilidad y confianza" en la justicia y negó que la decisión de la Audiencia haya supuesto un revés para la Fiscalía, que solicitó la prisión atenuada en su domicilio. Favorable al fallo se mostró también la presidenta del PP en el País Vasco, María San Gil, quien apuntó que no le inquieta ni le preocupa que el preso etarra "se muera" en prisión por una huelga de hambre que él realiza "voluntariamente". La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) aseguró que la decisión "evita abrir las heridas, muchas de ellas de muerte, de las víctimas del terrorismo", y consideró que una resolución distinta "podía haber supuesto una provocación sin precedentes". El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, pidió respeto a la decisión, "acordada bajo la óptica de la Ley", aseguró que los magistrados han sabido buscar "una solución adecuada" al "reto" que planteó el etarra, e insistió en que los debates públicos "sencillamente no ayudan al poder judicial". Desde el Gobierno Vasco se calificó de "despropósito" la resolución, y se instó al Tribunal Supremo a que "se pronuncie" y "clarifique" la situación penal del etarra con urgencia, porque "es una desproporción la pena impuesta de doce años por escribir dos artículos de opinión". El portavoz de la Ejecutiva del PNV, Iñigo Urkullu, lamentó que la Audiencia haya rechazado los criterios de la fiscalía y se mostró preocupado por que "haya una interpretación sesgada de las razones humanitarias y que además se apliquen regímenes de excepcionalidad política".