Otegi enmarca la reunión con Ibarretxe en la ronda de contactos con líderes de partidos vascos
Los dirigentes de Batasuna se negaron a responder a las preguntas del TSJPV
Los dirigentes de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi, Pernando Barrena y Juan José Petrikorena se negaron a responder a las preguntas del juez instructor del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco Roberto Saiz, de la fiscalía y del abogado del Foro Ermua. Los tres dirigentes de Batasuna comparecieron durante cuarenta minutos en el Tribunal Superior vasco, en Bilbao, y se limitaron a declarar que su reunión con el lehendakari, Juan José Ibarretxe, del pasado 19 de abril formaba parte de la serie de encuentros que mantuvieron con líderes de diferentes formaciones políticas vascas. Otegi, Barrena y Petrikorena estaban citados a testificar en las diligencias abiertas por la denuncia presentada por el Foro Ermua por un presunto delito de desobediencia, asunto por el que mañana, miércoles, declarará Ibarretxe ante el mismo magistrado por su posible actuación como "colaborador necesario" para que los dirigentes de Batasuna desobedecieran la sentencia que ilegalizó a esta formación al convocarles a una reunión en Ajuria Enea. El magistrado había citado a las 9.30 horas a Otegi, tras él debía haber entrado a las 11.00 Barrena y al mediodía Petrikorena, aunque a las 10.10 horas los tres ya habían abandonado el Palacio de Justicia, sin haber respondido al magistrado ni al letrado del querellante. En el interior del tribunal, los tres tomaron la palabra brevemente, en euskera, antes de que comenzaran las preguntas, para afirmar que acudieron a la cita con Ibarretxe el pasado mes de abril, de la misma manera que mantuvieron encuentros con representantes de otras formaciones políticas vascas para tratar de buscar soluciones al conflicto político vasco. A continuación, los tres se acogieron al derecho que les asiste como imputados a no declarar. A la salida, Otegi fue el único que se dirigió a los medios y dijo que "este trámite" de pasar por el tribunal refleja que "no estamos ante un debate jurídico sino que nos encontramos ante un debate político y que su origen está en la Ley de Partidos", "una legislación de excepción que se creó en su día entre el Partido Socialista y el Partido Popular contra la izquierda abertzale". Según afirmó, "hoy volvemos a constatar que la actividad política de los militantes independentistas de este país está siendo, como durante el franquismo, regulada por los tribunales de excepción y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista esa ley es un obstáculo que se debe superar si realmente se quiere hacer un proceso democrático en Euskal Herria". Por su parte, el abogado del Foro de Ermua y miembro de su Junta Directiva, Fernando García Capelo, aseguró que los tres declarantes "reconocieron ante el magistrado que se reunieron con Ibarretxe y, si hay una prohibición de actuación de Batasuna por parte del Tribunal Supremo y Batasuna ha actuado, es evidente que está cometiendo un delito y que debe haber una actuación de los tribunales que termine en una sentencia condenatoria". "Lo contrario -añadió-, sería romper todas las reglas del Estado de derecho", ya que "los intereses partidistas no pueden estar sobre los intereses del Tribunal Supremo y de los jueces". El vicepresidente del Foro de Ermua, Iñaki Ezkerra, dijo que "estamos totalmente de acuerdo con la declaración institucional elaborada por el Gobierno de Ibarretxe de que se están traspasando todos los límites del Estado de derecho, pero porque los están traspasando ellos, el mundo nacionalista". El origen de este proceso fue la querella criminal interpuesta por el Foro Ermua en la que consideraba que Otegi, Barrena y Petrikorena habían cometido supuestamente un delito de desobediencia al Tribunal Supremo, que ilegalizó a Batasuna en base a la Ley de Partidos, y que habían quebrado las medidas cautelares impuestas por la Audiencia Nacional. Además, acusaba a Ibarretxe de "colaborador necesario" de ese delito. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidió admitir a trámite la querella, hecho que ha derivado en una confrontación entre el Ejecutivo vasco y el alto tribunal, intensificada después de que el Tribunal Supremo decidiera que una reunión similar entre los dirigentes del PSE-EE y miembros de la izquierda abertzale no suponía delito. A pesar de que tanto la fiscalía del TSJPV como la defensa del lehendakari pidieron el sobreseimiento de la causa tras la decisión del Supremo, el instructor consideró que entre ambos casos existían "diferencias sustanciales", por lo que decidió continuar con la causa.