La aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género se ha traducido, desde mediados de 2005, en una "avalancha inicial de órdenes de protección de violencia de género", según Javier Rey, fiscal responsable de este tipo de asuntos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Asimismo, este incremento de las órdenes de protección se hace más acusado en determinados periodos, que coinciden con las "vacaciones, tanto de verano como de Navidad", y que vienen derivadas de "la conflictividad familiar". Javier Rey hizo estas manifestaciones en las jornadas sobre Modificacións lexislativas nas Medidas de Protección Integral das Víctimas de Violencia de Xénero, que fueron inauguradas en la Facultad de Derecho de Santiago de Compostela. El fiscal señaló que "la Ley Integral pretende paliar una situación que se arrastra desde hace años" poniendo también "elementos de protección" y consideró que esta norma ha elevado el número de procedimientos judiciales, dado que hechos antes considerados como faltas ahora se han tipificado como delitos. A la inauguración acudió también la secretaria xeral de Igualdade, Carme Adán, que señaló que el problema de la violencia de género era "complexo", por lo que las soluciones parten de "artellar medidas mellores e sistemas" que permitan ayudar a las víctimas, dado que "non temos unha varita máxica". Por eso, las opciones ahora parten de recurrir al ámbito legislativo, a la información y la formación, o a medidas como las aplicadas por la Vicepresidencia de la Xunta, que consisten en la creación de "centros de recuperación para mulleres ou o salario da liberdade". Asimismo, está elaborado un anteproyecto de Lei para Galicia, que recoge que "debe existir o compromiso das administracións para ofertar a formación necesaria" en esta línea. Por ello, está prácticamente diseñado un "plano formativo para o periodo 2007-2008". El objetivo, señaló Adán, es comenzar estas jornadas por profesionales más vinculados a la Vicepresidencia, por tanto al área social, aunque el fin es "chegar a tódolos profesionais". Agravamiento de penas Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, protagonizó la conferencia inaugural de estas jornadas, en las que destacó algunos estudios realizados antes del año 2000, que determinaron que el 90 por ciento de los agresores eran hombres, que no había procesos judiciales por lesiones psíquicas, que más de la mitad de las mujeres retiraban la denuncia y que no se aplicaban medidas de protección salvo en los casos más graves. Ahora, explicó Altamira Gonzalo, la mujer se "ha ido encontrando más arropada" y esto se ha traducido en un incremento de las denuncias en todas las comunidades. Asimismo, consideró que "agravar las penas no siempre es un elemento disuasorio" para el agresor y que la Ley Integral recoge una nueva filosofía, y es que "el principio de igualdad exige un trato diferente en situaciones desiguales".