Un exvicepresidente del TC advierte al Govern de que incurrirá en prevaricación si sigue trabajando en la consulta una vez esté suspendida

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) Ramón Rodríguez Arribas ha afirmado este lunes que una vez que el alto tribunal suspenda la convocatoria de la consulta soberanista, el proceso perderá "toda cobertura legal", por lo que las autoridades y los funcionarios que trabajen para celebrarla podrán incurrir en delito de prevaricación. "Ya no podrán disimular que lo que están haciendo no saben que es injusto y arbitrario", ha advertido en declaraciones a la COPE, donde ha detallado que las penas a las que se pueden enfrentar oscilan entre los siete y diez años de inhabilitación. 

Asimismo, Rodríguez Arribas ha advertido de que estas mismas autoridades podrían cometer un delito de desobediencia si actúan en contra del criterio de Constitucional.Una advertencia similar ya la realizó hace unos días el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya José María Mena. Este lunes, el portavoz del Govern, Francesc Homs, ha garantizado que no se pondrá a los empleados públicos que participen en las labores logísticas y de organización de la consulta del 9-N en la tesitura de tener que elegir entre cumplir o no la ley. 

"Haremos un equilibrio para no poner en riesgo a los funcionarios", ha asegurado en una entrevista en TV-3. "Tenemos que procurar que los actos preparatorios -del 9N- no se utilicen por el Gobierno español para actuar en contra de nuestros funcionarios", ha agregado el también 'conseller' de Presidència.

Por otra parte, Homs ha reiterado que aunque el TC suspenda la convocatoria y la ley de consultas de forma cautelar, el Govern presentará alegaciones y seguirá trabajando en la organización del 9N. "No nos quedaremos con los brazos cruzados", ha destacado el portavoz, que ha dicho que no se trata de un debate jurídico, sino estrictamente político, y ha considerado que el Estado pone la ley como excusa. AGENCIAS