Bruselas confirma que en el astillero de Fene no se podrán construir barcos civiles hasta 2015
Blanco desmiente que el acuerdo "secreto" entre la SEPI y la UE haga inviable el plan de Barreras
La Comisión Europea confirmó que los terrenos en los que se ubica actualmente el astillero que Navantia tiene en Fene sólo pueden dedicarse a la construcción de barcos militares, por lo menos hasta 2015. El portavoz de la Comisión Europea para asuntos de Competencia, Jonathan Todd, salió al paso de las informaciones contradictorias surgidas en los últimos días en Galicia sobre el futuro de los astilleros navales de Fene. Jonathan Todd recordó que los terrenos de Fene, Porto Real y Cádiz, que antiguamente eran astilleros civiles, fueron incluidos en Navantia, una empresa pública destinada a actividades militares. En consecuencia, Fene sólo puede dedicarse a la construcción militar, especialmente subcontratando y complementando a Ferrol. Todd recordó que el compromiso alcanzado entre España y la Comisión Europea tiene una duración de diez años (hasta 2015). Además, afirmó que aunque se produjese la privatización de cualquiera de los astilleros concernidos, éstos estarían excluidos de la construcción de barcos civiles. El gabinete de la Comisaria de Competencia recuerda alguna de las claves que propiciaron el acuerdo al que llegaron en su día, el 25 de mayo de 2005, la Comisión Europea y España para la reestructuración de los astilleros militares públicos españoles. La CE tuvo en cuenta la gran cantidad de astilleros civiles que existen en Europa, y a los que le pudieron perjudicar las ayudas públicas ilegales de las que disfrutó la antigua Astano. El 1 de junio de 2005, la Comisión Europea publicó el acuerdo sobre la reestructuración de los astilleros militares públicos españoles. En el documento que la Comisión facilitó a la prensa en aquella ocasión, se hacían públicos los compromisos esenciales del acuerdo, que pasaban por la transferencia de los astilleros militares de IZAR a una nueva empresa pública, que sería Navantia. Las medidas y compromisos tendrían una duración de diez años. La Comisión impuso que las ventas civiles de Navantia no excedieran del 20 por ciento de sus ventas totales. Navantia mantendría una actividad interna separada para sus actividades civiles y militares, y para cada contrato para un nuevo buque civil le sería comunicado a la Comisión un cálculo de costes. En cuanto a la reparación de buques se le informaría anualmente. Las actividades civiles de Navantia no gozarían de ayuda estatal alguna, excepto los créditos a la exportación y la ayuda al desarrollo que cumplan los criterios marco de ayudas estatales a la construcción naval. El número de empleados en Navantia no sería superior a 5.562 personas. Blanco no ve veto en el acuerdo El conselleiro de Industria, Fernando Blanco, no realiza la misma interpretación del "documento" secreto firmado entre la SEPI y la Comisión Europea. Blanco recibió por fax el acuerdo en que se basa la SEPI para rechazar el plan de Barreras para aprovechar los activos ?ociosos? de la antigua Astano. Tras analizarlo, el conselleiro insiste en que el acuerdo no haría inviable un plan como el presentado por la Xunta y el astillero vigués. Las limitaciones a la construcción civil que se recogen en el documento afectan, en opinión de Blanco, a Navantia Fene ?dentro del entramado público?, pero no habla de que la iniciativa privada pueda construir buques en el astillero.