El Tribunal de Cuentas concluye que se pagó un ?sobrecoste? por la venta de Santa Bárbara a General Dynamics
Asegura que la operación no se ajustó al acuerdo del Consejo de Ministros
El Tribunal de Cuentas asegura en su informe de fiscalización que se ha pagado un ?sobrecoste? en la operación de venta de Santa Barbara a General Dynamics. Según este órgano, las condiciones de la privatización no correspondieron al acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno Aznar en el año 2001 por el que se autorizó la venta. La Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares fue vendida por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a la multinacional estadounidense General Dynamics Corporation (GD), decisión aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros en marzo de 2001 por un importe de unos cinco millones de euros. En el informe del órgano fiscalizador, al que tuvo acceso Europa Press, se explica que, tras la venta, se adquirieron con Santa Bárbara Sistemas compromisos de compra de munición por 180,30 millones y se aportaron 11,17 millones para la protección de la tecnología del Programa Leopard y otros 25,69 millones para inversiones, cuando la cantidad autorizada era de 18 millones de euros. A su juicio, estas incidencias ajenas al acuerdo de 2001 han producido un incremento en el coste de la operación en 199,14 millones de euros, a lo que habría sumar el valor de las participaciones de las sociedades Fábrica de Armas de la Coruña (FACOR) y la Fábrica Española de Balastros Electrónicos (FEBESA), que inicialmente estaban excluidas de la operación y que también se incluyeron después de la venta, cuyo importe hoy en día no es posible determinar, así como el importe de los créditos fiscales. Aunque el procedimiento de selección del comprador de Santa Bárbara puede considerarse "correcto" en función de las circunstancias de aquel momento, la entidad fiscalizadora entiende que el conocimiento previo de estos compromisos que después asumió la SEPI habría podido influir en la presentación de ofertas más beneficiosas para el Estado. Por ello, el Tribunal de Cuentas recomienda que las operaciones relacionadas con la privatización de las empresas públicas se realicen de forma precisa, para que las actuaciones y compromisos de la compraventa se ajusten rigurosamente a lo autorizado por el Consejo de Ministros. También aconseja que las condiciones de la oferta de venta de los activos a privatizar no se modifiquen con posterioridad a la selección del comprador mediante negociaciones con el seleccionado, ni se suscriban nuevos documentos que puedan dar lugar a modificaciones de las cláusulas iniciales o introduzcan alteraciones en las obligaciones de los contratantes. Según los cálculos del Tribunal de Cuentas el coste de la privatización de Santa Bárbara asciende, hasta el momento, a 499,68 millones de euros, de los que 267,9 corresponden a aportaciones económicas realizadas por la SEPI antes de la formalización del contrato, 47,4 millones al Plan Corrector, 1,70 millones a gastos directos, 181,7 al Plan de Municionamiento y 890.500 euros a reclamaciones laborales y de Seguridad Social. Esta cifra, agrega el tribunal, podría verse incrementada como consecuencia de los compromisos asumidos por SEPI por responsabilidades económicas aún pendientes relacionadas con cuestiones laborales, fiscales y de Seguridad Social y por las que pudieran producirse por el exceso de déficit respecto a los márgenes de rentabilidad esperados del Programa Leopard. Por contra, los ingresos que, por la privatización de Santa Bárbara ha obtenido la SEPI se cifran en esos cinco millones de euros.