La CE propone penas de hasta diez años de cárcel por delitos medioambientales
Bruselas prepara una directiva específica para sancionar los vertidos de buques como el Prestige
La Comisión Europea propuso que se sancione con penas de hasta diez años de cárcel y multas de un millón y medio de euros a los responsables de graves "delitos ambientales" en toda la Unión Europea. En la rueda de prensa, el Comisario de Medio Ambiente, Stravos Dimas, explicó que la iniciativa intenta evitar sucesos como el ocurrido el año pasado en Costa de Marfil, donde el buque "Probo Koala", fletado por una empresa holandesa, descargó 400 toneladas de sustancias tóxicas, que causaron la intoxicación de 50.000 personas. Dimas, afirmó que la Comisión Europea está preparando una directiva específica referida a la contaminación causada por vertidos procedentes de buques, como en el caso del Prestige. Aunque en la misma rueda de prensa, el Vicepresidente de la Comisión y responsable de Interior y Justicia, Franco Frattini, reconoció que este tipo de "delitos" también se podrán sancionar en los mismos términos. De hecho, los Comisarios evocaron un estudio reciente en el que pusieron al Prestige como ejemplo de una de las mayores catástrofes ambientales de España en los últimos años. En ese estudio, que se encuentra en la página web de la Comisión, se critica el papel del Gobierno español en la gestión de la crisis, afirmando que "una cadena de decisiones equivocadas y parciales de los miembros del gobierno y de la administración condujeron a una decisión incorrecta que aumentó los efectos dañinos del hundimiento del barco". La propuesta de directiva presentada también pretende castigar otras actividades lesivas para el medio ambiente, como la emisión o vertido de sustancias contaminantes, tanto al suelo como a la capa de ozono, cuando se realicen de manera "intencionada" o "con grave negligencia", o el comercio ilegal de especies amenazadas. Las sanciones penales podrían ir de los 5 a los 10 años de cárcel en los delitos más graves, y las económicas entre los 300.000 y el millón y medio de euros, dependiendo también de la gravedad del caso. Si las actuaciones punibles tienen como consecuencia la muerte o lesión grave de personas, serios daños medioambientales o son realizadas por grupos organizados, serán consideradas "circunstancias agravantes", y las sanciones serán mayores. Además, el documento prevé otras sanciones para quien contamine, como la obligación de reparar los daños causados y la prohibición temporal o definitiva de ejercer actividades industriales o comerciales. Precisamente, Franco Frattini quiso recalcar este aspecto, al afirmar que la directiva ayudará a combatir los crímenes ambientales de "carácter transfronterizo", y evitará que los grupos organizados se aprovechen de las distintas varas de medir que existen en la Unión Europea en delitos de estas características. La intención de la CE es establecer "un mínimo común" a nivel europeo, de manera que todos los Estados miembros puedan aplicar sanciones parecidas a nivel medioambiental. En este sentido, el comisario Dimas afirmó que la legislación española se encuentra en un "nivel medio" de aplicación en el área del Medio Ambiente. Sentencia En el pasado, concretamente en 2001, la CE ya intentó poner en marcha medidas de este tipo, presentando otra directiva, pero encontró el rechazo frontal de algunos Estados miembros, que consiguieron bloquear la posible aplicación de las mismas. Ahora, el Ejecutivo comunitario cuenta con el respaldo de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que en septiembre de 2005 confirmó que la Comunidad "es competente para adoptar medidas de derecho penal" en materia de protección del medio ambiente, y hacer lo necesario para garantizar de manera efectiva que se cumpla la legislación en esta materia. La decisión final la tomarán el Consejo de Ministros de la UE y el Parlamento Europeo.