Los casos de acoso laboral se disparan en Galicia, donde miles de personas ya sufren este problema

La Xunta admite que la situación es "alarmante"

Xunta, sindicatos y colectivos de afectados coinciden en destacar el "alarmante" incremento de casos de acoso laboral -'moobing'- detectado en los últimos años en Galicia. Todos ellos se han puesto manos a la obra para luchar contra una situación en la que, lamentablemente, la víctima suele tener una sensación de indefensión mientras que el acosador goza de "de total impunidade". Así lo reconoce la directora xeral de Relacións Laborais, Pilar Cancela, que destaca que la situación es "realmente preocupante". Por ello, y consciente de que el 'moobing' "é unha realidade que está aí e á que hai que responder", la Consellería de Traballo se ha marcado como reto establecer "unha estratexia común" con todos los colectivos implicados en esta problemática con el objetivo de "prantarlle cara". Las víctimas de este tipo de acoso pueden denunciar su caso por la vía judicial o por la laboral, ante la Inspección de Trabajo. Sin embargo, suelen encontrarse con un obstáculo muchas veces infranqueable, que es la dificultad de aportar pruebas. Esto provoca que sólo el 10 por ciento de las denuncias por 'moobing' formuladas en la comunidad lleguen a juicio, según lamenta el presidente de la Asociación Gallega contra el Acoso Moral en el Trabajo, Antonio París. "En la mayoría de los casos resulta imposible reunir pruebas, y en el resto de ocasiones la víctima suele estar tan dañada psicológicamente que no podría afrontar un juicio", explica. En los cinco años que este colectivo lleva funcionando ha asesorado a unos mil gallegos que dieron el paso de sacar a la luz pública su situación. Sin embargo, París advierte de que esta cifra no es representativa, "ya que a nosotros acude un porcentaje muy pequeño de la totalidad de casos existentes", muchos de los cuales permanecen ocultos. De hecho, un estudio elaborado recientemente por la Universidad de Alcalá de Henares revela que el 15 por ciento de la sociedad sufre acoso en su lugar de trabajo, frente al 11 por ciento que estaba en esta situación en el año 2001. Según esta estimación, en Galicia más de 400.000 personas son víctimas de 'moobing'. Ante esta situación, la Xunta aboga por que el ordenamiento jurídico empiece a concebir los riesgos psicosociales "como supostos de enfermidade profesional e como un risco que haberá que incluir nos propios plans de riscos laborais". Aunque Cancela matiza que este cambio normativo deberá proceder del Gobierno central, destaca que se trata de un tema en el que ya se ha avanzado mucho, por lo que será cuestión "dun corto tempo" que el 'moobing' alcance esta consideración. Con todo, insta a las personas que sufran este tipo de acoso a que denuncien su situación, ya que lamenta que Inspección de Traballo todavía no ha tenido constancia de ningún caso de acoso moral. De lo que sí tuvo conocimiento, aunque en una proporción mínima, fue de supuestos de acoso sexual. En el trienio 2004-2006 la autoridad laboral registró diez denuncias por este motivo, si bien en sólo en uno de los supuestos pudieron demostrarse los hechos. Decisión pionera De hecho, la semana pasada se supo que la Fiscalía ha abierto por primera vez en Galicia diligencias penales por un caso de 'moobing', en el que los jefes de la cafetería del Hospital Clínico de Santiago podrían ser condenados a prisión por acosar a cinco trabajadoras. París se alegra de esta decisión judicial y espera que el proceso emprendido por España y la Xunta para endurecer la persecución del acoso laboral comience a dar pronto sus frutos. Y es que en Galicia hay casos "sangrantes" que ponen de manifiesto lo difícil que resulta lograr que condenen "a personas que para reafirmar su autoestima necesitan humillar y ningunear a sus empleados". Un ejemplo lo representa Ana Lois Navaza, trabajadora del concello pontevedrés de Dozón que, con 33 sentencias judiciales a su favor, sigue sufriendo supuestamente el asedio al que la somete el alcalde, el popular Adolfo Campos. CIG y BNG denunciaron en reiteradas ocasiones que la funcionaria está apartada de sus tareas como auxiliar administrativa desde hace siete años y confinada en un habitáculo "sen luz, calefacción, teléfono nin ordenador". La secretaria da Muller de la CIG, Elvira Patiño, explicó a AGN que, al tratarse de sentencias de carácter contencioso-administrativo, éstas dan la razón a la víctima "pero non condenan ó agresor". En la actualidad, Ana Lois lleva "máis de tres anos" esperando la resolución de una querella por vía penal.