Sánchez quiere incrementar hasta los 1.000 euros el salario mínimo en dos legislaturas
Adelantó el socialista Pedro Sánchez el pasado 12 de octubre, en los corrillos con la prensa en el Palacio Real, que comenzaría de inmediato a presentar por partes su programa electoral. Esta misma tarde el secretario general del PSOE ha reunido en un acto político a compañeros de organización, sindicalistas, economistas y prensa para detallar lo que será su proyecto laboral si se hace con la victoria en las próximas generales: se compromete a incrementar el salario mínimo interprofesional para que alcance, en dos legislaturas, el 60% del sueldo medio neto, lo que supondría a datos de hoy llevarlo hasta los 1.000 euros en ocho años.
Según los cálculos que se han hecho en el principal partido de la oposición, sería posible subirlo un 30% en la legislatura que comenzará en enero de 2016 e ir subiendo poco a poco en el siguiente periodo, si logran primero vencer y después reditar su triunfo por segunda vez. En este contexto, Sánchez apuntó que si derrota a Mariano Rajoy el 20-D, derogará de forma inmediata la reforma laboral de los populares y abrirá un proceso de negociación con los agentes sociales. Desde el partido se matiza que esa derogación afectaría a la "esencia" de la reforma del PP, aunque a preguntas de los periodistas tuvieron que admitir que la parte que concierne al despido -24 días por año con máximo de 12 mensualidades si es despido procedente y 33 días por anualidad con tope también de 12 meses si es improcedente- permanecería vigente hasta que se alcance un acuerdo para dar luz verde a un nuevo modelo y un nuevo Estatuto de los trabajadores.
A criterio de los socialistas, su medida estrella es la que implicaría la puesta en marcha de un "plan de choque" que suponga laformación y acreditación de competencias para que 700.000 jóvenes españoles, que abandonaron la ESO y están ahora en paro, adquieran una educación básica que conlleve su "reinserción formativa" y puedan pasar a la formación profesional. El plan tendría carácter excepcional, se realizaría desde el Estado y en seis meses. Se pondría sobre la mesa una oferta pública de cursos y finalizaría con una prueba de acreditación de competencias claves. elperiodico