El Ministerio Fiscal advierte un aumento en Galicia de denuncias por presuntos delitos urbanísticos

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Las denuncias por delitos urbanísticos han registrado un aumento "interesante" en el último año en Galicia. Así lo manifestó el fiscal de Urbanismo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Antonio Roma, que advirtió que si el 2005 concluyó con siete diligencias pendientes de tramitación en el TSXG por este asunto, en 2006 la cifra se elevó a "17 licencias pendientes de conclusión en la Fiscalía del TSXG, que abarca la zona de A Coruña", al tiempo que en Pontevedra "el número de diligencias es mayor". El incremento de las denuncias viene dado por la iniciativa de particulares y, sobre todo, señaló Roma, de asociaciones y "personas vinculadas de una u otra manera a administraciones públicas". Además, el pasado año la Fiscalía registró "más denuncias de contenido urbanístico" que medioambiental puro, aunque señaló que, por ejemplo, no es comparable el urbanismo con los incendios, pues los primeros suelen tramitarse a través de denuncias y los segundos llegan al juzgado a partir del trabajo policial. Roma realizó estas declaraciones tras la firma de un convenio entre la Consellería de Medio Ambiente y los fiscales de esta materia con la finalidad de agilizar la tramitación de ilícitos medioambientales. El fiscal Álvaro García explicó que el objetivo es crear "un espacio común" respecto a los expedientes sancionadores para determinar "con más facilidad" qué supuestos deben ser judicializados por la vía penal y cuáles tramitados por la Administración. El conselleiro de Medio Ambiente, Manuel Vázquez, destacó que cada mes mantendrán una reunión responsables de ambas instituciones y aseveró que el objetivo fundamental de su departamento es basarse en una política de transparencia para que el ciudadano conozca las fortalezas y las debilidades del país en materia medioambiental. El convenio, según Álvaro García, data ya de 2005 y contempla, sectorialmente, el campo urbanístico, de ordenación territorial, medio ambiente y patrimonio cultural. Añadió también que el objetivo es incrementar los asuntos que llegan a la Fiscalía a través de la Administración autonómica y hacerlo más rápido, pues un ilícito de este tipo suele tener un expediente administrativo paralelo.