La Consellería de Educación y los grupos parlamentarios del PSdeG, BNG y PSdeG llegaron a un acuerdo sobre el proyecto de decreto por el que se desarrollará la Lei de Normalización Lingüística para la promoción del gallego en la enseñanza no universitaria. La futura normativa parte de que un 50 por cien de las horas lectivas se den en gallego y el otro 50 por cien en castellano. La medida, que afectará a la enseñanza tanto pública como privada y que será de aplicación el próximo curso, contempla además que al final de la Secundaria Obligatoria el alumnado tenga competencias lingüísticas plenas en ambos idiomas, un aspecto que destacó especialmente el PP. Tras cinco reuniones entre Administración educativa y los portavoces en esta materia de los tres grupos con representación en la Cámara, el consenso se materializó hoy, según confirmó a primera hora de esta tarde en rueda de prensa la conselleira Laura Sánchez Piñón, acompañada de los artífices del acuerdo: Guillermo Meijón (PPdeG), Manuel Parga (BNG) y Manuela López Besteiro (PPdeG. Sánchez Piñón señaló que el nuevo decreto de enseñanza se consensuó a partir de la Lei de Normalización Lingüística y que se desarrollará de acuerdo con el Plan Xeral de Normalización, "garantizando o desenvolvemento progresivo da consolidación da lingua", dijo. Añadió que la actidud de los grupos parlamentarios fue "moi positiva" y que se trata "dun decreto de todos". Competencias La conselleira destacó además que el borrador recoge que todas las etapas serán parte importante de la educación, con una atención muy particular a la de infantil, y teniendo en cuenta que quienes finalicen los estudios obligatorios lo harán con conocimientos "plenos" tanto del gallego como del castallano. Establecido el acuerdo, Sánchez Pinón indicó que queda ahora por consensuar el decreto con la comunidad educativa, para llevarlo luego al Consello Escolar y al Consello de la Xunta. La Consellería tratará ahora de agilizar los tiempos de tramitación y espera que esté publicado antes del próximo mes de septiembre, con lo que será de aplicación ya en el curso 2007-2008. Proyectos de centro la titular de Educación no dudó en señalar que el acuerdo de impartir un mínimo del 50 por cien de las horas lectivas en gallego podrá mejorarse en el futuro con los proyectos lingüísticos de cada centro, que podrán ser más ambiosos que lo que marca el propio Plan de Normalización Lingüística. En este sentido, recordó que en cerca de 700 aulas ya se está impartiendo toda la enseñanza en gallego y recordó que para hacer cumplir lo que señala el decreto existe un cuerpo profesional, el de inspectores, que vela ya por la aplicación de otras normativas y de cuya eficacia también en este caso se mostró convencida. Los tres grupos, sin excepción, expresaron su satisfacción por el acuerdo. La portavoz de educación 'popular' recordó que tanto la Lei como el Plan de Normalización fueron desarrollados durante el mandado del PP, argumentando que si dicho plan es el intrumento esencial para seguir avanzando en la promoción de la lengua gallega, el decreto "oficializa o uso de ambas linguas", gallego y castellano. Valoró igualmente que quedan "abanos importantes de decisión" en manos de los profesores, piezas claves en el desarrollo del decreto. Por su parte, el socialista Guillermo Meijón destacó el el clima de trabajo y el convencimiento de los tres grupos para impulsar el decreto, abogando por se convierta en el instrumento adecuado para desarrollar el espíritu del Plan de Nomalización. Para el nacionalista Manuel Parga, el nuevo decreto, además de garantizar lo establecido en el el plan, supone un "avance cualitativo moi importante" sobre lo que se estaba haciendo hasta ahora. Puso como ejemplo que en la ESO el uso del gallego estaba en el 30 por cien y ahora pasa al 50 por cien. Costes Para potenciar el uso del gallego en los centros dependientes de Educación, la consellería constituirá un equipo de normalización y dinamización lingüística. El coste de remuneración de estos coordinadores, además de otras medidas como la formación del profesorado, tendrán un coste anual de 1,4 millones de euros.