La Fiscalía se ha opuesto a la petición de la acusación popular de que el expresidente de la Generalitat Artur Mas sea juzgado también por malversación, al alegar que la suspensión del 9N ordenada por el Tribunal Constitucional (TC) era cautelar, por lo que no se había resuelto la ilicitud de los pagos.
En un escrito remitido a la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), el ministerio público se opone a la pretensión de la acusación popular, liderada por el Sindicato Profesional de la Policía, de que Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau sean juzgados, además de por desobediencia grave y prevaricación, por un delito de malversación, el único de los tres que puede acarrear penas de cárcel. Efe