Entre los retos en materia económica, las nuevas Cortes deberán abordar la resolución extrajudicial de conflictos en consumo, una tarea pendiente por la falta de acuerdo con los actores sociales, quienes abogaban por un sistema universal que incluyera a la banca.
El anteproyecto de ley, que planteaba la incorporación de la Directiva 2013/11 al ordenamiento español, establecía la supervisión de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) en todos los sectores a excepción del financiero, donde los conflictos serían vigilados por "otras entidades diferentes". Efe