Medio Rural y la Fiscalía solicitan más colaboración ciudadana para esclarecer 9.000 incendios al año

La Consellería de Medio Rural y la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) coincidieron hoy en demandar más colaboración ciudadana para mejorar la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra los autores de los incendios forestales que cada año queman una media de entre 30.000 y 40.000 hectáreas en la comunidad gallega. De los 10.000 fuegos registrados anualmente en el territorio gallego, sólo en una media que oscila entre los 200 y 600 se logra esclarecer su autoría, como recordó el conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, poco antes de clausurar las jornadas sobre "Investigación criminal nos incendios forestais" que se celebraron en Santiago. Por su parte, el fiscal de Medioambiente, Álvaro García, señaló que este problema estructural de la comunidad gallega es complejo. ?Haría falta más colaboración ciudadana para poder llegar a investigar un mayor número de incendios?, sostiene. De ese modo, la Fiscalía contaría con más indicios y pruebas sobre la autoría de los fuegos provocados. No obstante, reconoce que se trata de la pescadilla que se muerde la cola. ?No hay pruebas porque no tenemos testimonios suficientes ya que se desconfía de la actuación de la Justicia?, mantiene. Y asume que el deber de la Administración de Justicia es ?ganarse? al ciudadano, tratar de demostrarle que ?nuestra actuación es eficaz y le podemos proteger?. García cree que la celebración de jornadas durante periodos alejados de las épocas de máximo riesgo puede contribuir a concienciar a la sociedad de que se trata de una problemática en la que hay que trabajar todo el año. ?Ninguna comunidad autónoma tiene el problema de fuegos de Galicia?, recuerda. Y por ello, considera que es fundamental incrementar la coordinación en la actuación de agentes forestales, Policía Autonómica y Nacional, Guardia Civil. Así, pese a mantener que la solución a la problemática de los incendios requerirá de políticas a ?muy muy largo plazo?, subraya que el primer paso es conseguir ?instrumentos más ágiles de investigación y de información?. Sobre todo, el fiscal de Medioambiente destaca la labor imprescindible de los agentes forestales como una figura ?insertada en la sociedad?, que además de desarrollar una tarea policial, aplica todo su conocimiento a las investigaciones. Incremento de penas La posibilidad de incrementar las penas mínimas a los autores de incendios forestales se mantiene como una hipótesis que la Fiscalía ya trasladó al Parlamento gallego el pasado mes de septiembre y que está incluida como propuesta legislativa de un modo más técnico en la memoria del departamento de Medioambiente, según apuntó García. Por su parte, el conselleiro de Medio Rural manifestó su impresión de que hay que perseguir ?con mecanismos, orzamentos e iniciativas aos delincuentes e poñerllo máis difícil?, más que actuar por la vía de incrementar las penas. El objetivo, como señaló, sería disponer de los instrumentos suficientes para actuar contra los entre 8.000 y 9.000 incendios forestales que cada año quedan sin esclarecer. ?Evitar que os delincuentes actúen?. En esta línea, Álvaro García se remitió a la propuesta de la Fiscalía del TSXG, fundamentada en tres ejes. Por una parte, aplicar medidas de seguridad en momentos puntuales a las personas ?que evidencian una peligrosidad porque han cometido un delito y tienen algún tipo de transtorno?. En este caso, se podría estudiar un seguimiento, confinamiento o el ingreso en un centro ?adecuado a las características del sujeto? para un sujeto cuya relación con los incendios haya sido constatada. Además, la propuesta pasa por elevar el límite mínimo de las penas, así como reflexionar sobre la calificación de lo que son las imprudencias. Según explicó el fiscal de Medioambiente, frente a la actuación establecida en España, consistente en imponer una sanción administrativa por cometer una imprudencia grave, en Portugal hay tipificadas penas leves y graves, que además cuentan con una carga penal y no sólo administrativa.