Aprobado un dictamen que garantiza la continuidad de Casas al frente del Constitucional hasta diciembre
La Comisión Constitucional del Congreso aprobó el dictamen sobre el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, paso previo a su debate en el pleno de la Cámara, con la oposición del PP, que anunció la ruptura del diálogo sobre el resto de las leyes del ámbito de la Justicia. "Esta ley es la primera plasmación del 'efecto Bermejo'", señaló el portavoz del PP en la comisión, Ignacio Astarloa, en referencia al nuevo ministro de Justicia, del que dijo que viene "no a construir consensos, sino a destruirlos". Astarloa añadió que, a partir de ahora, quedan "canceladas" las conversaciones que su grupo mantenía para la reforma de varias leyes procesales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El portavoz socialista, Ramón Jaúregui, le respondió asegurando que su grupo había intentado "alcanzar un consenso con todos", pero que al final el Gobierno había tomado la "decisión política" de sacar la ley adelante "porque el Tribunal Constitucional se ahoga, no puede más". Una de las enmiendas aprobadas más polémicas es la presentada por IU, según la cual si el mandato de tres años para el que son designados el presidente y el vicepresidente del tribunal no coincide con la renovación del TC, "tal mandato quedará prorrogado para que finalice en el momento en que dicha renovación se produzca y tomen posesión los nuevos magistrados". Esta enmienda permitiría que, mientras el Constitucional delibera sobre los recursos al Estatuto de Cataluña, la actual presidenta, María Emilia Casas, siga en su puesto a partir del próximo mes de junio, cuando acaba su mandato, y hasta diciembre, que es cuando debe abandonar el tribunal. "Si la enmienda se aprueba, esta ley se podrá llamar la Ley Casas", ironizó Astarloa, que aseguró que el objetivo de la propuesta presentada por IU es simplemente "garantizar la continuidad" de la presidenta en este momento. Jaúregui le respondió diciendo que la finalidad de la enmienda es que el presidente del TC sea elegido por los magistrados que van a formar parte del tribunal durante varios años, "y no los que van a ser cesados al cabo de pocos días o meses". Reducir sobrecarga de trabajo La reforma de la LOTC pretende reducir la sobrecarga de trabajo del Alto Tribunal y combatir la lentitud de los procedimientos de este órgano mediante la reforma del recurso de amparo, de modo que según el proyecto éste sólo será admitido a trámite cuando concurran todos los requisitos establecidos para ello, de los que el principal es que el asunto tenga "relevancia constitucional". Además, cuando se resuelva no admitir un recurso la decisión se notificará mediante una providencia que sólo podrá recurrir el fiscal y en la que simplemente se especificará el requisito incumplido, sin más motivación. Con esta medida se pretende reducir sensiblemente el número de recursos de amparo que ve anualmente el TC, que según las cifras ofrecidas por Jaúregui fueron 386 en 1981 y 9.700 en 2005. Para el PP, el texto de la reforma supone "una merma de garantías" porque quedará a la discrecionalidad del TC decidir si un asunto tiene o no relevancia constitucional y, además, no tendrá que explicar por qué. La Comisión Constitucional aprobó también varias enmiendas referidas al nombramiento de los magistrados del tribunal, entre ellas una que permitirá a las Comunidades Autónomas participar en su elección. Así, y según una propuesta de CiU consensuada con la mayoría de los grupos, "los magistrados propuestos por el Senado serán elegidos entre los candidatos presentados por las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en los términos que determine el Reglamento de la Cámara". Durante su intervención, Astarloa recordó que la comisión no ha aprobado la petición de su grupo de recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad sobre los Estatutos de Autonomía, presentada hace un año, cuando el de Cataluña se estaba tramitando. "Los temores que teníamos entonces han acabado confirmándose", dijo el portavoz del PP, que añadió que el control previo de constitucionalidad es especialmente importante en los casos en los que los textos estatutarios son sometidos a referéndum. Además del PP, el PNV votó en contra del dictamen después de que la ponencia no recogiera una de sus aspiraciones: el que las normas tributarias aprobadas por las Juntas Generales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya sean consideradas "leyes" a los efectos de poder ser revisadas por el Tribunal Constitucional, tal y como ocurre con las de Navarra. "No han cumplido el acuerdo con nuestro grupo. Hasta aquí hemos llegado", dijo el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que recordó que su petición es apoyada por el PP y el PSOE en el País Vasco y pidió explicaciones a los diputados de estos grupos en Madrid.