A la Consellería de Innovación e Industria se le ha abierto un nuevo frente en Europa. A la fracasada negociación para permitir la construcción civil en Navantia Fene se le suma el expediente abierto por Bruselas al Estado por las tarifas eléctricas especiales para grandes consumidores, que en Galicia afecta a Alcoa y Ferroatlántica. La diferencia es que, en esta ocasión, Xunta, Gobierno y empresas se defenderán ante la UE ?de la mano?. Según explicó en Radio Líder el conselleiro Blanco, las autoridades españolas no comparten el análisis del coste de la energía que hace la Unión Europea, y así lo justificarán en las alegaciones que van a presentar al informe. La Xunta presentará sus propias "observaciones al expediente", para lo que ha pedido una ampliación del plazo de 30 días, al tiempo que ha ofrecido colaboración al Ministerio de Industria. Aclara el conselleiro que ese diferencial entre el coste real de la energía y lo que se le cobra a las grandes empresas no es tan abismal como señala Bruselas porque hay que contar variables como las ?pérdidas de transporte?. Por eso Blanco defiende el derecho de establecer contratos ?de bilateralidad? entre el generador eléctrico y el consumidor de forma que se le garantice a las grandes empresas un precio energético que les permita desarrollar su labor sin la amenaza de la deslocalización. Una práctica que en su opinión no son ayudas encubiertas, como ha señalado en su informe la Unión Europea. No es tan optimista el conselleiro sobre la posibilidad de desarrollar el plan liderado por Barreras para los activos ociosos de Navantia Fene. Recuerda que ?la única puerta abierta? pasa por que el Gobierno central se implique y pida a Bruselas que se reabra la negociación sobre los acuerdos de 2004, que impedían la construcción naval civil en el astillero gallego.