Internacional
09-03-2007
El presidente de México, Felipe Calderón, anunció un paquete de reformas legislativas que incluye un Código Penal único para todo el país y garantiza de protección a testigos en procesos judiciales contra narcotraficantes. "Para el éxito de nuestra lucha frontal contra el crimen resulta impostergable modernizar y transformar nuestras leyes e instituciones en materia de seguridad, procuración y administración de justicia", sostuvo el mandatario.
Calderón, quien realizó estas declaraciones en un discurso desde la residencia oficial de Los Pinos, presentará esta tarde la propuesta de reforma judicial al Congreso. "Supondrá un cambio medular en la administración de justicia", destacó el presidente.
Un único ordenamiento penal en México, país regido por un sistema político federal de 32 estados, dará mayor certeza jurídica y evitará que "inconsistencias o vacíos legales" entre legislaciones federales y locales "sean rendijas por la que escapen los delincuentes", dijo también.
De otra parte, Calderón pretende modificar las reglas que rigen a los procesos penales en los casos de crimen organizado. "Queremos que estén tras las rejas los criminales que envenenan a nuestros niños y jóvenes y amenazan a nuestras familias, a nuestras comunidades y al estado mismo", afirmó.
En este sentido propone que los juicios que involucren a narcotraficantes otorguen "especial protección" a las víctimas, testigos y denunciantes. Asimismo, la propuesta presidencial busca que se flexibilicen las órdenes de arraigo (detención) "en los casos de delitos graves y de delincuencia organizada", lo mismo que la "realización de cateos (registros) que permitan mayor efectividad en la investigación".
Otro objetivo de Calderón es garantizar la integridad y seguridad de las víctimas de la delincuencia organizada, autorizando a los jueces guardar en secreto los nombres y datos personales de los acusadores en los juicios.
Sugirió también reforzar la protección de víctimas de violaciones y secuestros, así como brindarles el derecho de "exigir la reparación del daño" e impugnar las resoluciones judiciales que "injustificadamente resulten lesivas a sus intereses".
El paquete legislativo establece además procedimientos para que las autoridades puedan decretar la extinción de dominio de los bienes de los narcotraficantes, para que éstos pasen al dominio del estado. La ambiciosa propuesta pide dotar de facultades de investigación a la policía, una labor actualmente exclusiva de fiscalía y policía judicial.
Por último, Calderón pedirá al Congreso que promulgue las bases de un sistema para regular el ingreso, permanencia y sanciones para los policías de todo el país.
El mandatario desea que los policías corruptos puedan ser depuestos "libremente de sus cargos" sin posibilidad de indemnización o restitución laboral, lo que sí permiten las leyes actuales.
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