Que el Gobierno admita respecto a Bruselas que sólo hay hucha de pensiones para un año no es algo muy tranquilizador.  El hecho de que haya déficit de la Seguridad Social no puede servir de excusa. Además, una de las causas de la falta de fondos para abonar la paga extraordinaria a finales de 2017 a los pensionistas sería el agotamiento del dinero del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. 

A mi juicio, la clave está en que el ejecutivo reaccione con anticipación a lo que va a suceder.  Puesto que la caída de las cotizaciones, la devaluación salarial, etc., han provocado que la hucha esté casi vacía o menos llena de lo que debería ser.

Pero esto debe ser resuelto ya con meses de antelación y antes de que ocurra lo que nadie desea.  Subiendo impuestos e incrementando las bases máximas de cotización, si fuera necesario, para garantizar que todos los pensionistas cobren sus muy merecidas pensiones. Otro tema importante es lo relativo a la economía sumergida que perjudica también, porque está impidiendo recaudar fondos derivados de una actividad económica que no figura pero que se está realizando de modo fraudulento e ilegal.

Aunque el gobierno en funciones confíe en alcanzar los 20 millones de ocupados para volver a llenar la hucha y solventar la situación no parece que esté garantizado que se logre. Habría, por tanto, que arbitrar o poner en marcha medidas urgentes para que no se llegue a los últimos meses de 2017 con un clamor generalizado en la población por la inseguridad que se podría crear entre los pensionistas.

Ya desde hace años parece haber una cierta desconfianza respecto al pago de las pensiones, por parte de algunos colectivos de jubilados, que organizan marchas pacíficas con pancartas defendiendo sus derechos a una pensión justa  y a que no se deje de pagar. 

Es evidente que por el aumento de la longevidad de las personas y el incremento de la esperanza de vida será necesario subir los impuestos para hacer frente al pago de las pensiones. No considero razonable que se suba más la edad de jubilación. Porque por ese camino la gente llegaría a jubilarse a los 72 años o más. Sería algo descabellado. Los ciudadanos tienen derecho a poder disfrutar de la jubilación.

Estoy convencido que la edad de jubilación habría que volver a ponerla en los 60 o 65 años no más tarde. Para que cada individuo tenga por delante una serie de años o décadas de vida  en los que pueda vivir de un modo digno y satisfactorio.

Dentro de un decenio o dos el constante incremento de la longevidad  exigirá más subidas de impuestos y esto la sociedad debe aceptarlo y asumirlo. Partiendo de la base que todos acabaremos siendo mayores, si no morimos antes de serlo. Por tanto, lo que corresponde es tratar económicamente  bien a los jubilados que son un activo de primer orden por su experiencia y conocimientos. Ya que  siguen aportando muchas cosas a la sociedad y en bastantes ocasiones sirven de soporte económico a sus hijos, nietos, etc.

José Manuel López García