Rajoy ha reaccionado ante el reto o chantaje planteado por Puigdemont.

El Presidente de la Generalitat con sus dos cartas no dejó opción a Rajoy. Parece que la aplicación del artículo 155 puede hacer que en Cataluña se respete la legalidad. Es lo propio de todo Estado de Derecho.

Hasta en los discursos de la entrega de los Premios Princesa de Asturias ha estado presente el tema del inaceptable intento de secesión impulsado por los partidos independentistas y la Generalitat. Las autoridades de la Unión Europea han reiterado el mensaje de unidad y es lógico que así sea. El propio Rey Felipe VI en su discurso ha expresado su firme convicción en un presente basado en la unidad de los españoles y ha dicho que «Cataluña es y será una parte esencial de España». El Jefe del Estado no puede ser más claro.

El propósito fundamental del Presidente del Gobierno es devolver la legalidad a Cataluña. Las leyes y las sentencias judiciales deben ser cumplidas también en el territorio catalán, ya que son una parte más de España.

Porque los catalanes disfrutan de unas competencias autonómicas muy amplias. Algo que está muy bien y nadie discute. Se puede negociar y dialogar  sobre el techo competencial de la Comunidad Autónoma catalana. Pero no sobre la ruptura de la unidad nacional o del Estado. Un cierto federalismo o plurinacionalismo  creo que sería perfectamente posible cambiando el texto constitucional. Una especie de Estados Unidos de España o una denominación similar puede sonar rara, pero mantendría la esencia de la unidad de lo  español ante Europa y el mundo.

Estoy escribiendo este artículo de opinión el viernes y, por tanto, todavía no sé las medidas extraordinarias que serán aprobadas en el Consejo de Ministros del sábado 21 de octubre.

De todos modos, parece que Rajoy va a proponer el control de la policía autonómica y las elecciones en enero y que estas medidas las ha acordado o pactado con Ciudadanos y el PSOE. Tal vez se apruebe alguna medida más. En todo caso, lo que es muy positivo es que, por fin, el Gobierno español imponga su poder  sobre la Generalitat de un modo firme y con la fuerza del derecho.

Aunque también es cierto que estas medidas tendrán que ir al Senado y se aplicarán, probablemente, hacia finales de este mes. Veremos los movimientos políticos de los independentistas la próxima semana. Existe disparidad de planteamientos en los partidos catalanes partidarios de la proclamación unilateral de la república catalana. La CUP parece que quiere una votación que declare la independencia en unos días.

En cambio, Puigdemont está sopesando los pros y contras de sus próximas decisiones políticas. Y, de momento, se muestra cauteloso y a la espera de las actuaciones del Gobierno central.

Observando la cantidad de maniobras políticas que se suceden diariamente en Cataluña da la impresión de que el conflicto catalán va para largo. Aunque tampoco se puede afirmar, de modo seguro, que vaya a ser así. 

De todas maneras, lo que es indudable es que la fuga de más de 800 empresas de Cataluña es algo muy grave y que la disminución del número de turistas en Barcelona y la caída de la actividad comercial en Cataluña es palpable y perjudicial para todos los españoles.

Las empresas grandes, especialmente, no quieren inseguridad e incertidumbre en el presente y tampoco en el futuro, por eso muchas se están marchando del territorio catalán. 
 

José Manuel López García