Miles de profesores interinos con 15 años o más de experiencia docente acreditada deben de tener una estabilidad hasta el final de su vida laboral. La solución para dar estabilidad a este numeroso colectivo puede llegar por vía del Gobierno central. No puede ser que en varias Comunidades Autónomas como Canarias, Andalucía y el País Vasco ya realicen un contrato o prórroga indefinida de la contratación de los profesores que cumplan las condiciones ya indicadas y que en Asturias y el resto de Comunidades españolas tampoco se haga. Es una discriminación y desigualdad que considero inconstitucional por razones fáciles de entender. Además, a esto se añade que en varias Autonomías españolas el profesorado interino disfruta de pactos de estabilidad y la convocatoria de oposiciones no conlleva la recomposición de las listas de interinos. En cambio en Asturias se recomponen las listas, si hay oposición. No puede ser que gran parte de los docentes interinos que ejercen su profesión en el Principado y que llevan muchos años impartiendo clases con una competencia sobrada puedan perder su trabajo por causa de la oposición. Se pide igualdad de condiciones. 

A todo esto se une la sentencia del pasado 19 de marzo de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dictado sentencia acerca del fraude de ley. Afirma que es responsabilidad de la Administración entrar a corregir las contrataciones con fraude de ley, si no quieren ser objeto de sanción por abuso de dicha práctica. Por tanto, se abre la perspectiva de una posible fijeza de los interinos con fraude de ley. Son los Tribunales de Justicia de España, los que están determinando el tipo de sanción más apropiada para corregir y compensar las situaciones de fraude de los interinos. 

Es necesario además un nuevo acuerdo de interinos en el ámbito docente en Asturias que prime la experiencia docente por encima del expediente académico. Si esto no se consigue se pierde la posibilidad de consolidación de los puestos de trabajo de los docentes. 

Por otra parte, los conocimientos totales de cada profesor mayor de 55 años y con más de 15 años de experiencia docente ya han sido sobradamente demostrados a lo largo de miles o decenas de miles de clases ya impartidas en los centros educativos. Y si a esto se une el grado de doctor no hace falta dar más explicaciones o argumentos. 

Con más de 55 años es difícil encontrar trabajo. A la Administración educativa le es más rentable prorrogar los contratos hasta la jubilación e incrementar de paso la estabilidad laboral. Es beneficioso para todos. Es preciso pensar de modo más amplio. Es una cuestión de justicia y es algo que no supone mucho dinero y tampoco alteraciones profundas en la contratación de profesorado interino en Asturias. 

Si se considera también el encadenamiento fraudulento de contratos y se piensa en la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo se pone de manifiesto una mayor injusticia todavía. Y tener que esperar a que la Justicia española determine la corrección y compensación de este abuso en la contratación es triste.Espero que tomen buenos apuntes y se corrijan de inmediato tantos despropósitos.

Conchi Basilio