La independencia del poder judicial no es negociable, ya que la división de poderes es un principio irrenunciable de todo Estado de Derecho que realmente lo es y no solo en el nombre. En España los jueces están sometidos únicamente al imperio de la ley. No debe haber intentos, por parte del poder ejecutivo para condicionar las investigaciones judiciales, ya que los magistrados son expertos en investigar y juzgar, de acuerdo con las normas vigentes. Los indicios y las pruebas se plasman y concretan en los sumarios, que suelen alcanzar la extensión de miles de páginas y son extraordinariamente minuciosos, entre otras cosas, para garantizar también la presunción de inocencia. Por ejemplo, si un presidente del Gobierno tiene investigados judicialmente a dos familiares, por varios posibles delitos o irregularidades, no debe decir que hay jueces malos. Casualmente, lo digo con ironía, son los que llevan los casos de sus dos familiares. Lo que podría decir y todo el mundo lo entendería es, que quizá sus familiares han cometido errores o equivocaciones y que eso puede suponer, por ejemplo, irregularidades. Una vez terminado el juicio o proceso, la sentencia establecerá lo que corresponda. 

Lo que no se debe desde el poder central es querer dirigir a los jueces, para proteger a determinadas personas negando la validez de los indicios y las pruebas, y buscando todo tipo de estrategias para anular las investigaciones judiciales, y que todo quede en nada. No se puede asegurar la inocencia. La justicia en España es muy garantista, y se tiene que demostrar con pruebas la culpabilidad. Así de claro y contundente. Los ministros no son jueces y aunque alguno lo sea de profesión, también tienen la obligación de respetar las decisiones de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano, que analiza la actividad judicial y lo realiza de una manera exquisita, para defender los derechos de todos. Además, están los recursos que se pueden presentar, si no se está de acuerdo con las actuaciones o las sentencias judiciales. Existe un evidente malestar en la judicatura, por la intromisión del poder ejecutivo en el judicial, y es que además salta a la vista. Todos los días en los informativos de televisión aparecen altos dirigentes políticos del partido gobernante haciendo de jueces, y diciendo que no hay pruebas en los casos que afectan al presidente. La verdad es que deben pensar que los ciudadanos no leen las informaciones rigurosas que dan los medios periodísticos, con todo lujo de detalles sobre las investigaciones judiciales en curso. Y no son mentiras, son verdades. Se puede querer negar lo evidente, pero a la larga no da resultado. No pasa nada, si se reconoce que pudo haber equivocaciones.  

En todo caso, la justicia dirá lo que corresponda y se debe confiar en ella. Los jueces no actúan como brazos armados de partidos o facciones ideológicas. Un juez tiene ideología como cualquier ser humano, pero tiene el deber de ser imparcial al impartir justicia. Aplica la ley con independencia de sus ideas políticas. Sucede que si las sentencias que dicta gustan a determinados políticos es que juzga bien, y si no es así es que no aplica las leyes bien. Es como una especie de argumento ad hominem. Se ataca a los jueces, porque no siguen las directrices de lo que defienden los políticos, que como es entendible no quieren condenas de sus allegados, pero la justicia no funciona así. Todos somos iguales ante la ley, sin distinciones por cargo político o riqueza. O debería ser de esta forma, al menos. Es lo que dice el ordenamiento jurídico vigente.  

Cuando se dice que los jueces persiguen a un dirigente político, o a su familia es necesario recordar cómo funciona la justicia. Los procedimientos no se abren por capricho, sino porque existen denuncias, indicios o pruebas que deben ser investigadas. Cuando existen elementos suficientes como para abrir una causa judicial se abre. Negar la validez de la investigación desde el primer momento, equivale a desacreditar el proceso mismo de la justicia, que es el que garantiza tanto la presunción de inocencia, como la eventual sanción de las conductas irregulares. De hecho, en España el sistema judicial es tan garantista, que los procesos se pueden alargar durante años para asegurar, que ninguna persona sea condenada sin pruebas sólidas. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la familia del presidente del Gobierno. Siempre se puede pedir disculpas, si ha habido errores o irregularidades, por desconocimiento. Es lo que corresponde, y además esto supone también respetar la actividad de los jueces. 

La imparcialidad es la clave de bóveda de la acción judicial. Tampoco se puede negar el valor y la fuerza probatoria de las evidencias acumuladas en un sumario, por parte de un juez. Las pruebas no son el resultado de un capricho, ya que son la expresión innegable de los resultados de investigaciones, que acreditan la verdad de lo descubierto, comprobado y verificado, sin ninguna duda. Son la verdad de los hechos. Ver video

José Manuel López García