España vive un momento de incertidumbre social y económica que afecta de lleno a la ciudadanía. Cada vez se percibe con más claridad que la sanidad pública, en lugar de reforzarse, parece encaminarse a un debilitamiento calculado que empuja a muchos a contratar un seguro privado. Sin embargo, esa alternativa no está al alcance de todos. La vida sube, los precios no dejan de crecer y, mientras tanto, los salarios se mantienen prácticamente congelados. 

La juventud es una de las principales víctimas de esta situación. Emanciparse antes de los 30 o 35 años se ha convertido en un lujo reservado a unos pocos. La mayoría no puede acceder ni a un alquiler ni a la compra de una vivienda, lo que retrasa proyectos vitales tan básicos como formar una familia o simplemente vivir de manera independiente. A esta realidad se suma un hecho incuestionable, en los últimos cinco años, la cesta de la compra ha subido al menos un 50%. Comer no es un privilegio, sino una necesidad básica, pero la brecha entre ingresos y gastos se agranda de forma alarmante. Pretenden que no lo veamos, pero la sociedad no es ingenua, lo sentimos en cada factura, en cada visita al supermercado, en cada búsqueda infructuosa de vivienda. 

Frente a esta precariedad de los jóvenes, surge otro problema igual de preocupante, la invisibilización de los mayores. Una vez alcanzada la jubilación, muchos sienten que la sociedad los considera prescindibles, como si dejar de ser productivos significara dejar de ser valiosos. Nada más lejos de la realidad. Los jubilados son quienes levantaron con esfuerzo el país en el que hoy vivimos, trabajaron durante décadas, pagaron impuestos, lucharon por derechos y construyeron servicios que ahora disfrutamos. No merecen ser tratados como una carga, sino como ciudadanos con plenos derechos. 

El contraste con los países nórdicos resulta revelador. Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia o Islandia han consolidado un modelo de bienestar que sitúa la dignidad de las personas en el centro. Allí, las residencias no son simples lugares de espera, sino espacios modernos y respetuosos en los que se cuida a los mayores como lo que son, personas con historia, derechos y necesidades. Además, muchos reciben asistencia en sus propios hogares, lo que les permite conservar autonomía y mantener sus vínculos sociales. Todo ello es posible gracias a un sistema sólido basado en impuestos progresivos, quien más gana, más paga, y en servicios universales de calidad, educación gratuita, sanidad pública eficiente, pensiones suficientes y una red de cuidados accesibles para todos. 

La diferencia cultural y política también es significativa. En los países nórdicos los políticos no gozan de pensiones vitalicias ni de privilegios permanentes. Al dejar el cargo, algunos tienen un periodo de transición con un salario reducido, pero no disfrutan de una renta de por vida. Además, la vida de los representantes públicos está mucho más cerca de la ciudadanía, no hay coches oficiales indiscriminados ni una legión de escoltas. Sus sueldos, aunque elevados, se justifican por la transparencia y la ausencia de privilegios posteriores. Esta austeridad genera confianza en las instituciones y el uso de los impuestos, lo que a su vez facilita que la ciudadanía acepte una presión fiscal alta a cambio de recibir servicios de gran calidad. 

El contraste con España es doloroso. Aquí se habla de recortes, de privatizaciones encubiertas, de pensiones amenazadas y de privilegios políticos que parecen intocables. Todo ello erosiona la confianza ciudadana y agrava la sensación de injusticia. ¿Cómo exigir sacrificios a quienes han trabajado toda su vida si, al mismo tiempo, se mantienen privilegios para una minoría? 

La pregunta es clara, ¿Qué sociedad queremos ser? Una que relega a los jóvenes a la precariedad y a los mayores a la irrelevancia, o una que, como en los países nórdicos, apuesta por garantizar derechos plenos en todas las etapas de la vida. La dignidad no caduca con la edad, y un país que no cuida ni a sus jóvenes ni a sus mayores se condena a vivir de espaldas a su propia gente. 

Por eso, es urgente recordar lo esencial, sanidad pública, pensiones dignas, acceso a la vivienda y atención respetuosa a los mayores, no son concesiones, sino conquistas sociales que costaron décadas de lucha. Defenderlas no es solo una cuestión de justicia con quienes hoy son jubilados, sino también un compromiso con las generaciones futuras. Porque un país que se construye sobre la igualdad y la dignidad de todos deja un legado del que sentirse orgulloso.

Conchi Basilio