Durante décadas, la sanidad pública española fue un orgullo colectivo. Una conquista social que garantizaba atención universal, gratuita y de calidad. Pero desde hace más de quince años, desde aquellos años 2007 y 2008 que parecían el preludio de una crisis económica , pero fueron también el inicio de otra mucho más silenciosa, la sanidad se está desangrando. Lo niegan desde los despachos, lo maquillan con promesas de inversión y lo disfrazan con grandes palabras, pero lo cierto es que la privatización avanza a pasos firmes, por detrás y sin control. 

Todo empezó con la excusa de la eficiencia. Se introdujeron concesiones, externalizaciones, conciertos con empresas privadas. Se dijo que era “temporal”, que el objetivo era “descongestionar” los hospitales públicos. Pero lo temporal se hizo norma, y lo excepcional se convirtió en estructura. Cada año, una parte más del presupuesto sanitario acaba en manos de empresas privadas, que gestionan hospitales, laboratorios o servicios diagnósticos con criterios de rentabilidad, no de justicia social. 

Hoy la consecuencia está a la vista, listas de espera interminables, falta de personal, colapsos en urgencias y diagnósticos que se retrasan o se pierden. No son fallos aislados, son los síntomas de un sistema que se está dejando morir para justificar su venta. Lo público se deja caer, para que la gente, cansada de esperar, termine pagando un seguro privado. Es la pescadilla que se muerde la cola, la sanidad pública se deteriora, la gente busca refugio en lo privado, y ese mismo movimiento sirve de excusa para seguir recortando lo público. 

Pero no todos pueden pagarlo. Un seguro médico privado, aunque se presente como “asequible”, no lo es para quien sobrevive con un salario precario, para quien tiene que elegir entre llenar la nevera o pagar el alquiler. La vida se ha encarecido, los sueldos no alcanzan, y pretender que todo el mundo tenga un seguro es una forma encubierta de excluir. La salud, que debería ser un derecho, se convierte en un privilegio. 

Y lo más grave es el silencio. Se niega lo evidente, se dice que “la sanidad sigue siendo pública”, mientras se ceden los servicios más rentables a empresas privadas. Se proclama que “nadie se queda sin atención”, pero se olvida que muchas personas esperan meses, incluso años, para una intervención, mientras otras son atendidas de inmediato en clínicas concertadas. Se nos repite que el sistema es sólido, cuando en realidad lo sostienen con contratos temporales, recortes y plantillas agotadas. 

Lo que se está viviendo con el cribado de cáncer de mama en Andalucía es solo una muestra del desmantelamiento silencioso, sistemas informáticos que “se caen”, resultados que desaparecen, diagnósticos que cambian y mujeres que sienten que su vida no vale lo suficiente para ser prioridad. Se habla de “errores técnicos”, pero detrás hay una estructura que ya no tiene como fin principal cuidar, sino ahorrar. 

Y cuando ocurren estas cosas, además de recordar que la vida de una mujer no tiene precio, deberían asumirse responsabilidades de todo tipo. No basta con pedir disculpas o prometer una investigación, debería haber renuncias, ceses y asunción real de responsabilidades, por parte de todos los que están a cargo de la gestión sanitaria, y quizás algún que otro representante político del pueblo. Porque la salud pública no se puede dirigir desde la negligencia ni desde la indiferencia. 

Pero lo más preocupante es que esto no está pasando solo en Andalucía. Está ocurriendo en otras comunidades autónomas, aunque se esté callando deliberadamente. No quieren que salga a la luz. Y no se trata únicamente de los cribados de cáncer de mama, también hay irregularidades en los de colon, en pruebas preventivas y en el manejo de otras patologías graves. Se escudan los retrasos en las “caídas del sistema”. Porque mientras tanto, mientras todo se tapa y se silencia, algunos están ganando mucho dinero a costa de la salud de las personas. 

Y mientras quienes deberían defender lo público callan o se justifican, el daño avanza. Se culpa al azar, a la informática , a la falta de presupuesto, pero nunca a la política de fondo, convertir la sanidad en un negocio más. Desde hace quince años hasta hoy, la tendencia ha sido constante, el gasto sanitario público crece mucho menos que el privado, las aseguradoras aumentan su número de clientes año tras año y los grandes grupos hospitalarios multiplican sus beneficios. La privatización no se anuncia, se ejecuta a escondidas. Es un proceso calculado, paso a paso, para que cuando queramos darnos cuenta, ya no quede nada que defender. 

Pero la sociedad tiene derecho a saberlo, y, sobre todo, a reaccionar. Porque lo que está en juego no es solo la salud, sino la igualdad. No puede haber democracia real si la atención médica depende del dinero que uno tenga en su bolsillo. No puede haber justicia social si la enfermedad se convierte en un lujo. Pero existe algo que no acabo de entender, “porque no se lucha por nuestros derechos, por nuestra sanidad pública, porque seguimos callados”. La sanidad pública es el pilar de un país decente. No puede sostenerse sobre discursos vacíos ni sobre excusas informáticas. O se defiende de verdad, con inversión, transparencia y control, o se seguirá hundiendo, hasta que solo queden los restos de lo que un día fue ejemplo para el mundo. 

Porque lo están negando, sí. Pero por detrás, lo están haciendo, y lo saben.

Conchi Basilio