Estamos en una sociedad en la que la libertad de expresión, el derecho a manifestarse y la posibilidad de defender nuestras ideas constituyen pilares fundamentales de la democracia. Sin embargo, resulta preocupante que, en determinados ámbitos, la discrepancia se transforme en enfrentamientos, los argumentos sean sustituidos por insultos y algunas reivindicaciones terminen desembocando en amenazas, tumultos o agresiones. Ante esta realidad, conviene recordar algo esencial: ningún ideal, ninguna ideología y ninguna causa justifican la violencia. 

Defender los derechos es legítimo y necesario. La historia demuestra que muchos avances sociales fueron fruto de la lucha, la perseverancia y la movilización ciudadana. Pero luchar por una causa no significa disponer de carta blanca para intimidar, humillar o agredir a quienes piensan de otra manera. 

Cuando se traspasa esa frontera, la defensa de un derecho corre el riesgo de convertirse en una vulneración de los derechos ajenos. 

¿Qué está sucediendo para que el dialogo parezca perder terreno frente a la confrontación? 

No sería justo atribuir estas conductas a toda la juventud, porque miles de jóvenes estudian, trabajan, se comprometen con su entorno y defienden sus convicciones de manera pacífica. Sin embargo, preocupa que algunas personas, especialmente cuando actúan en grupo, se dejen arrastrar por impulsos, presiones externas o discursos que aceptan sin cuestionarlos. Las redes sociales, la difusión de información falsa y la polarización pueden contribuir a este fenómeno, sobre todo cuando se comparte un mensaje sin comprobar su veracidad o se confunde una opinión con un hecho demostrado. 

Pensar exige algo más que repetir lo que otros dicen. Exige informarse, contrastar fuentes, escuchar argumentos diferentes y tener la suficiente madurez para reconocer que podemos equivocarnos. Creer ciegamente en un discurso, sea cual sea su procedencia, nos hace más vulnerables a la manipulación y dificulta la convivencia. La libertad también implica la responsabilidad de utilizar nuestro propio criterio. 

A esta reflexión debemos añadir la importancia de conocer la historia. España ha atravesado periodos de profundas divisiones, enfrentamientos y sufrimiento colectivo. Estudiar nuestro pasado debería ayudarnos a comprender sus causas, reconocer sus consecuencias y evitar que los errores se repitan. La historia no puede convertirse en un arma para alimentar odios heredados ni en una sucesión de argumentos utilizados para enfrentar nuevamente a unos ciudadanos contra otros. Conocerla significa aprender, no buscar nuevos enemigos. 

Tampoco podemos olvidar que el respeto no consiste en compartir las opiniones ajenas, sino en reconocer el derecho de los demás a expresarlas. Podemos discrepar con firmeza, criticar decisiones políticas, denunciar injusticias y exigir responsabilidades sin recurrir al desprecio ni a la agresión. Una democracia madura no necesita ciudadanos uniformes, sino personas capaces de convivir desde sus diferencias. 

En esta tarea, la responsabilidad es colectiva. Las familias, los centros educativos, los medios de comunicación, las plataformas digitales y los representantes públicos deben contribuir a fomentar el pensamiento crítico, la educación cívica y el respeto. Quienes tienen mayor capacidad de influencia deberían medir especialmente sus palabras, porque normalizar el insulto desde posiciones de autoridad puede transmitir el mensaje equivocado a quienes todavía están formando su criterio. 

Y hay un principio que no admite excepciones: la violencia debe condensarse con la misma firmeza, independientemente de quien la ejerza o de las ideas que diga defender. No podemos rechazar una agresión cuando procede de quienes piensan diferente y justificarla cuando favorece nuestros propios planteamientos. La coherencia moral comienza precisamente ahí. 

La democracia no se fortalece imponiendo el silencio, sino garantizando que todos podamos expresarnos sin miedo. La protesta pacífica, el debate y la participación ciudadana son instrumentos legítimos para transformar la sociedad; la intimidación y la violencia, en cambio, destruyen la confianza y levantan barreras entre las personas. 

Quizá deberíamos preguntarnos qué sociedad estamos construyendo si enseñamos a las nuevas generaciones a responder al desacuerdo con hostilidad, en lugar de hacerlo con argumentos. Porque defender una causa no nos concede el derecho a cometer una injusticia contra nadie. 

La convivencia no exige que pensemos igual. Exige que aprendamos a respetarnos. Y ninguna idea merece tanto la pena como para convertir a otro ser humano en un enemigo al que humillar o agredir. 

Discrepar es un derecho. Respetar es una obligación de convivencia. Y la violencia nunca será una razón.

Conchi Basilio