Aprobada la Lei de prevención de incendios con el rechazo del PPdeG, que insiste en que la derogará

Los populares dicen que ni contempla el servicio de extinción

Suárez Canal recuerda en Punto Radio que se respeta la columna vertebral del anterior dispositivo

El Parlamento gallego aprobó la Lei de prevención e defensa contra os incendios forestais con la oposición manifiesta del PPdeG que criticó duramente la normativa calificándola como "inoportuna" y "eivada", al no reconocer "nin sequera" la existencia de un servicio de extinción. Nacionalistas y socialistas destacaron que por primera vez se regula con rango de ley una serie de medidas de prevención y defensa contra los incendios forestales que además intentan "facerlle fronte" a los problemas estructurales que padece el monte gallego. Asimismo, los dos grupos destacaron el trabajo y la "vontade de diálogo" de la Comisión encargada de elaborar la normativa. El conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, admitió en una entrevista en Punto Radio que no entiende la oposición del PP a la ley aprobada, sobre todo cuando durante sus 16 años al frente de la Xunta padecieron incendios que dejaron cerca de 500.000 hectáreas quemadas. Motivo suficiente, en su opinión, para buscar una solución estructural, y de futuro, a los incendios en el monte gallego. Mantiene, además, el conselleiro que gran parte del nuevo dispositivo de prevención y extinción está montado sobre la columna vertebral del que heredaron del PP. Por eso no entiende que no se pueda encontrar un punto de encuentro, a no ser que se quiera hacer de los incendios causa de ?confrontación política de primer nivel?. Suárez Canal insistió en que el problema de los incendios hay que buscarlo en razones estructurales como el abandono del rural o la dejadez del monte. Por eso no se debe apostar por la política de ?regate corto? y sí por soluciones de futuro. La presidenta de la comisión encargada de elaborar la nomativa, la diputada nacionalista Ana Pontón explicó que la voluntad de diálogo se tradujo en un total de 51 enmiendas aprobadas de todos los grupos y 14 transaccionadas. De todas las presentadas por el grupo 'popular' se aceptaron 21 y 193 fueron rechazadas. Tanto PSdeG como BNG aseguraron que "a maior parte" de las enmiendas 'populares' que finalmente no fueron transaccionadas "atacaban, cercenaban ou mutilaban" el contenido de la ley o podrían resumirse, como explicó la nacionalista Tareixa Paz, "en unha" que sería "que todos e cada un dos artigos recolleran a palabra extinción". Asimismo, Tareixa Paz lamentó que "a pesar dos esforzos" el PPdeG "non se sumara ao consenso" y señaló que esta posición "só pode ser imputable a unha estratexia política para desgastar o Goberno". También la socialista Marisol Soneira defendió las bondades de la ley y abogó por el consenso advirtiéndole al PP que "son soberanos das súas decisións" pero que "tamén o serán os cidadáns ao decidir se premian ou castigan as mesmas". Normativa "eivada" y "chiringuitos" Finalmente el consenso demandado por PSdeG y BNG no fue posible y los populares mostraron su más firme oposición a la Lei de prevención de incendios hasta el punto de afirmar que en el momento en el que gobiernen procederán a la derogación de la misma. Para el diputado popular Roberto Castro la ley "é tan mala" que "é máis fácil facer unha nova que modificala". Castro señaló que esta ley "non é oportuna" y que responde a la "mala conciencia" del Gobierno gallego para intentar paliar "a súa incompetencia política". Además, afirmó que se trata de una normativa "eivada" que será ley "porque 15 máis 23 son 38, un máis ca 37" pero reiteró que el bipartito afrontará su tercera campaña de incendios "sen medidas novas", con la creación de "chiringuitos" y con una normativa en la que "nin sequera se recoñece a existencia do servizo de extinción". El diputado 'popular' recordó, durante una interpelación realizada por el actual conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal en el año 95 en la que hacía referencia a las 12.785 hectáreas quemadas en la anterior campaña de incendios y en la que criticapa la "nula capacidade de autocrítica" y la "incompetencia política" de los 'populares' que en aquel momento ostentaban el Gobierno gallego. Así, Roberto Castro se dirigió a Suárez Canal a quién señaló la "benevolencia" del PP al pedir "a súa dimisión" después de "100.000 hectáreas queimadas cando vostede dicía todo esto con 13.000". Asimismo, aseguró que "non é posible converter o monte en xardín" y, en relación a las medidas de limpieza propuestas en la normativa, subrayó que "manter permanentemente limpo o monte é unha utopía". "Se pensa nisto váiase agarrando os petos", advirtió al conselleiro. Castro también reprochó a la Xunta que convierta a la empresa de servicios agrarios SEAGA en un "chiringuito perfecto" alejado de "calquera garantía de seguridade xurídica e rexeitado polos sindicatos, que o consideran caciquil e despótico". Medidas de la ley La Lei de prevención e defensa contra os incendios introduce el factor de obligatoriedad de la limpieza de las fajas de protección en los núcleos de población. Se pretende reducir la biomasa excedente en la totalidad de las fincas que se encuentren, fuera del monte, dentro de una faja a una distancia inferior a 50 metros de su perímetro, conforme a lo previsto en los criterios para la gestión de combustible definidos tanto en la presente ley como en su normativa de desarrollo. Además, la normativa atiende a la reorganización preventiva. En este sentido, se promoverá la regularización de las parcelas en terrenos forestales por medio de un sistema de reorganización de la propiedad basado en la compensación a través de la creación de unidades de gestión forestal, o bien por medio de agrupaciones de propietarios forestales a través de incentivos públicos. Según la Xunta, se busca "planificar" el territorio y "ordenar" el monte con criterios preventivos y de rentabilidad sustentable. Además, se prevé que se destinen incentivos públicos a la realización de trabajos, medidas de prevención y restauración que benficiarán a propietarios o titulares del uso, con prioridad para aquellos que dispongan de algún instrumento de gestión aprobado.