El Banco de Terras favorecerá el acceso a las fincas de víctimas de violencia de género y jóvenes

El PP advierte a Suárez Canal de que esta no es la Rusia "post-zarista"

El futuro Banco de Terras, que se creará en Galicia para intermediar y gestionar el conjunto de fincas agrícolas que sean puestas a disposición de la Administración, favorecerá el acceso a las mujeres agricultoras víctimas de la violencia de género, así como la instalación de jóvenes en esta actividad. Estas son dos de las medidas incluídas en el Proyecto de Lei de conservación da superficie agraria útil e da superficie agraria de Galicia que inició su tramitación parlamentaria en el pleno, con la oposición del PPdeG y tras ser rechazada la enmienda de devolución que presentó este partido. El objetivo de esta nueva normativa es poner en valor las tierras agrarias para aumentar la riqueza del país y evitar la despoblación y el abandono del medio rural. Por eso, una de sus efectos inmediatos será también el de eliminar el riesgo de incendios forestales y otros daños provocados por el abandono de las tierras y la pérdida de superficie agraria útil. Según puso de manifiesto el conselleiro de Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, la fragmentación de la propiedad y la escasa movilidad de la tierra son un "déficit estructural" del medio rural gallego, que ha potenciado su abandono en los últimos años. De hecho, en base a las últimas cifras sólo un 21 por ciento del territorio es superficie agraria útil en Galicia, frente al 51 por ciento a nivel europeo. Con la ley que inició su tramitacion se pretende "establecer un mecanismo que garantice que as terras nos están improductivas". Así, se establecerá el Banco de Terras, como instrumento de la Administración para gestionar el Fondo de Terras, formado por el conjunto de fincas agrícolas puestas a disposición de este organismo. Suárez Canal insistió en que las tierras serán movilizadas mediante el alquiler y siempre con la "garantía de devolución ao propietario" cuando se termine el período pactado, y la garantía del cobro aunque el arrendatario retrase el pago. En el Proxecto de Lei do Banco de Terras también hay mecanismos para la conservación de la superficie agraria como sanciones sobre las fincas y abandonadas cuando puedan causar perjuicios a terceros. Las multas podrán llegar hasta los 6.000 euros en el caso del abandono de la finca durante más de dos años, u omisiones que supongan pérdidas en los terrenos colindantes o bienes públicos superiores a los 15.000 euros. Post-zarista o post-franquista El diputado del PPdeG Roberto Castro criticó que este intervención pública "podería bordear a confiscación da terra" a sus legítimos dueños, en "un intento de nacionalizala", algo que no le extraña por parte de los nacionalistas que dirigen el departamento de Medio Rural. Pero sí lamentó que se haga con la cooperación del PSdeG quizá porque "o prezo da moqueta está moi valorado na Xunta e hai que tragar co que sexa con tal de manter a parcela". Castro considera que el Banco de Terras será un "novo chiringuito" propio de la Administración paralela que PSdeG y BNG recriminaron en el pasado al PP, desde la oposición, y se convertirá en un "latifundista", un nuevo propietario de la tierra de carácter público. Ve detrás de la medida una "reforma agraria encubierta" y advirtió a Suárez Canal de que "esto non é a Rusia post-zarista" para confiscar la tierra y criticó que "en vez de motivar coa zanahoria se asome o pao" para las fincas abandonadas. El conselleiro recordó que el PPdeG antes de dejar el Gobierno de la Xunta elaboró un proyecto de ley sobre esta misma cuestión en el que se contemplaba incluso la expropiación forzosa de las fincas y replicó a Castro que, más que en la Rusia post-zarista, "estamos no Estado post-franquista, con algúns de vostedes aínda instalados intelectualmente nos mecanismos do franquismo" en los que primaba la "expropiación das moquetas do poder". Comparación con el 11-M Por su parte, la diputada del PSdeG Marisol Soneira acusó al PP de utilizar en este asunto "a mesma mentira e manipulación" que empleó el partido tras el atentado del 11 de marzo de 2004, al insistir en la autoría de ETA. Aseguró que "non hai ningunha razón" para hablar de nacionalización, sino que se trata de que la Administración facilite "un bó aluguer" de las fincas, como en el caso de un piso. Castro replicó refiriéndose al "o acoso ás sedes do PP do 13 de marzo" o al "pásalo de Rubalcaba, gracias ao que chegou a ministro" y en general instó a "falar de todos os beneficiados daquela traxedia". Soneira también dijo al PPdeG que "non sei o que custa a moqueta, pero sei dos 1.000 millóns de euros queimados en apagar o lume polo abandono que vostedes xeraron no rural". La diputada nacionalista, Tereixa Paz, coincidió en recriminar la "impasibilidade" del PP ante la pérdida de actividad agraria y concluyó que este partido "non foi útil para o agro galego".