El Pleno del Congreso, salvo el PP, deja la puerta abierta a un final dialogado de la violencia

Todos los grupos del Congreso, salvo el Popular, dejaron la puerta abierta a un final dialogado de la violencia en el País Vasco, siempre y cuando ETA renuncie a las armas, al rechazar una proposición no de ley del PP que pedía revocar la resolución en esta misma línea aprobada en mayo de 2005. La propuesta del PP pretendía que la Cámara revocase la resolución aprobada en pleno el 17 de mayo de 2005 sobre el apoyo a un proceso de diálogo entre el Gobierno y ETA, pero la iniciativa fue rechazada por el resto de grupos, que respaldaron la vigencia del texto acordado hace casi dos años. La diputada del PP Ana Torme, encargada de defender la proposición de su grupo, tuvo duras palabras para el Gobierno y su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien acusó de haber cambiado de aliados en la política antiterrorista y de haber fracasado "estrepitosamente" en este camino, que le invitó a desandar. Torme consideró que la aprobación de la resolución de mayo de 2005 supuso el primer paso del "desarme del Estado de derecho", cuando Zapatero decidió "pasar página" en la política "más exitosa" contra ETA para ir de la mano de quienes "nunca quisieron la derrota de los terroristas". Después de desmontar "toda la arquitectura de la lucha contra ETA", continuó Torme, los socialistas y el Ejecutivo aceleraron las negociaciones e incluso llegaron a pactar un comunicado de alto el fuego permanente en marzo de 2006. Sin embargo, ni antes ni después de esa fecha la banda terrorista cumplió "ninguna de esas dos condiciones", sino que siguió extorsionando y amenazando, lamentó Torme, para quien el proceso de diálogo con los terroristas nunca se han suspendido, ni siquiera tras el atentado de Barajas, sino que siempre ha estado "oculto". "ETA se prepara para la paz haciendo prácticas de tiro", se quejó Torme antes de referirse al nuevo partido inscrito con el nombre Abertzale Sozialisten Batasuna, una fuerza política que, de acuerdo con el criterio de la diputada del PP, está impulsada por "gente de Batasuna y ETA", incluso algunas personas imputadas en varios sumarios por terrorismo. Torme dejó la pelota en el tejado del Gobierno al emplazar al Ejecutivo a aplicar la Ley de Partidos contra esta nueva fuerza, lo que, en su opinión, redundaría en un fortalecimiento de las instituciones frente al terrorismo. Otro de los puntos de la proposición del PP, incluido en el último momento, solicitaba que se impidiera el acto convocado para el próximo sábado en Bilbao por Batasuna, una actividad que, si se permite, estimó, hará un "daño irreparable a la democracia". En la fijación de posiciones, la diputada del PSOE Arantza Mendizabal criticó al PP por "instrumentalizar" la proposición no de ley para volver a llevar al Congreso su "burda estrategia" para "generar ruido y crispación". "Están empeñados -dijo en referencia al PP- en que en esta Cámara no se hable de otra cosa" que no sea la política antiterrorista, señaló Mendizabal. "Señores del PP, necesitan tanto a ETA para su discurso político como ETA les necesita a ustedes" para tener presencia política, afirmó la diputada socialista, quien reprochó al PP que rechace una resolución cuyo contenido sobre la disolución de ETA es el mismo que recoge el Pacto de Ajuria Enea, que recibió el apoyo de este partido. Por su parte, el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, consideró que el PP con su iniciativa pretende "deslegitimar al Parlamento", un hecho que consideró "muy grave" y que demuestra "la desmesura" de este grupo. El Partido Popular "sólo nos propone barreras y trincheras, (...) la guerra hasta la derrota final", dijo Llamazares, por lo que se preguntó: "¿A qué coste de vidas, de sufrimiento, de exclusión de derechos y libertad?". Por parte de CiU, el diputado Josep Maria Ginart repitió por "enésima" vez la postura de su grupo, que deja la iniciativa en la lucha contra el terrorismo en manos del Gobierno, al que, sin claudicaciones y sin contravenir las leyes, instó a continuar con el "proceso pacificador". Georgina Oliva, de ERC, recriminó al PP que continúe con "su política de crispación", consideró que el texto de la resolución sigue siendo válido y brindó al grupo popular la posibilidad de replantearse su estrategia. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, abundó en esta idea al recordar al PP que firmó el Pacto de Ajuria antes de reprochar a este partido que se haya convertido "en parte del problema" y no de la solución. Por el grupo mixto, tanto la portavoz de EA, Begoña Lasagabaster, como el del BNG, Francisco Rodríguez, defendieron la vigencia de la resolución y recordaron que conllevaba el abandono de la violencia por parte de ETA.