EFE | Un
portavoz del Ministerio de Exteriores de Corea del Norte calificó hoy
el asalto a la embajada de este país en Madrid como un "grave ataque
terrorista", lo que supone la primera reacción de Pionyang sobre el
incidente que tuvo lugar el pasado 22 de febrero.
"La intrusión en una misión diplomática, su ocupación y el acto de
extorsión constituyen una grave vulneración de la soberanía de un Estado
y una flagrante violación de la ley internacional, y actos de este tipo
nunca deben ser tolerados", señaló el portavoz en una declaración
recogida por la agencia estatal KCNA.
Durante el asalto, que ha sido reivindicado por un grupo
opositor al régimen, el personal de la embajada fue maniatado y
golpeado por un grupo de 10 hombres que robó después equipos
informáticos antes de huir, según el auto judicial publicado por la
Audiencia Nacional. Pionyang "está siguiendo todos
los rumores" sobre la posible "involucración en el incidente terrorista
del FBI" estadounidense y de un "cuerpo anti-DPRK (siglas en inglés de
República Popular Democrática de Corea, nombre oficial de Corea del
Norte)", según el portavoz norcoreano.
Añadió que
Corea del Norte espera que las autoridades españolas "lleven a cabo una
investigación del incidente hasta el final de forma responsable, con el
objetivo de llevar a los terroristas y a quienes están detrás de ellos
ante la justicia en conformidad con la ley internacional".
El misterioso grupo Cheollima Civil Defense (CCD) se atribuyó el ataque
la semana pasada a través de su página web, y posteriormente anunció
que detendría sus actividades y que cambiaba su nombre a Free Joseon
(Corea Libre).
La organización, que apareció en la
red por primera vez en marzo de 2017, ha asegurado estar detrás del
rescate de norcoreanos amenazados por el régimen y ha llegado a
proclamar un gobierno en el exilio y a vender visados para entrar a
Corea del Norte cuando "sea liberada". El documento
de la Audiencia Nacional publicado el martes identificaba a siete
personas ligadas al ataque, incluidos el mexicano Adrian Hong Chang y el
estadounidense Sam Ryu, para los que el juez encargado de la
investigación ha solicitado su extradición a Estados Unidos, donde ambos
se encuentran.
El auto apunta a que en el transcurso
de esta operación -cuyo verdadero objetivo ni siquiera CCD ha dejado
claro hasta ahora- el grupo habría incurrido en delitos de allanamiento
de morada, detenciones ilegales, lesiones, falsificación documental,
amenazas y robo, cometidos por organización criminal.