EFE | El
jefe del dispositivo que se desplegó en la sede de la CUP el 20 de
septiembre de 2017 ha manifestado que los agentes fueron "acometidos y
golpeados violentamente" hasta el punto de que tuvieron que disparar
balas de fogueo para abrirse paso entre los concentrados debido a la
"actitud violenta hacia la Policía".
Juan Manuel Quintela, comisario jefe de la brigada de información de la
Jefatura de Policía de Cataluña, declaró el pasado 25 de febrero como
investigado, después de que la Audiencia de Barcelona reabriera la causa
que investiga estos hechos al entender que podría encajar en un delito
de coacciones ya que los agentes impidieron la salida y entrada de
militantes entre las 14 y las 20 horas. El comisario ha destacado en el juicio del "proces" la
"actitud violenta hacía la Policía" de los concentrados aquel 20 de
septiembre, hasta el punto de que los antidisturbios "fueron acometidos
violentamente y golpeados".
Tanto es así que el
comisario ha explicado que se vieron obligados a hacer "disparos de
salvas" (balas de fogueo) "porque fueron rodeados y recibieron
lanzamientos de objetos". Ha relatado que la Policía
se desplegó en la sede de la CUP porque habían detectado propaganda del
referéndum y, de hecho, aquel día intervinieron una furgoneta que había
salido del local con publicidad del 1-O.
Pero
inmediatamente, ha continuado, empezaron a llegar militantes de esa
organización "en una actitud hostil hacia los policías", de manera que
el Cuerpo desplegó un dispositivo de antidisturbios "para salvaguardar
el orden, la seguridad de los funcionarios y de las personas" que en
ningún momento empleó la fuerza. "Quizá eso permitió a
los militantes entrar y salir del local y organizar un poco una fiesta,
con libertad deambulatoria, bailes y discursos", ha dicho el comisario
dejando claro que no impidieron el movimiento de personas que entraban y
salían del local, pese a que la CUP en su denuncia ante el juzgado
manifestó todo lo contrario.
Y según la Audiencia de
Barcelona, el cerco policial a la sede de la CUP podría constituir un
delito de coacciones, dado que supuestamente el jefe del operativo
ordenó el despliegue de los agentes "a fin de que les permitieran la
entrada y registro de su sede", lo que supondría un posible uso de la
"intimidación".