EFE | El
suicidio asistido de María José Carrasco, enferma terminal, con la
ayuda de su marido, Ángel Hernández, y la detención posterior de éste en
Madrid han reabierto el debate sobre la despenalización de la
eutanasia, una cuestión que ha quedado paralizada en el Parlamento por
el anticipo electoral.
Durante tres décadas con esclerosis múltiple, patología que le fue
diagnosticada con 32 años, María José Carrasco había expresado a su
marido "muchas veces" su deseo de morir y poner fin al sufrimiento
causado por esta enfermedad degenerativa para la que en la actualidad no
existe cura. Ayer fue el día escogido por el matrimonio, que quiso
grabar en vídeo el suicidio asistido de María José, quien, además,
constata en la cinta su firme decisión de morir, para lo que fue
imprescindible la ayuda de su marido, detenido horas después en su
domicilio.
Al lugar acudieron, poco antes de las tres
de la tarde, los sanitarios del Summa que confirmaron el fallecimiento y
alertaron a la Policía de que el marido le había suministrado una
sustancia para provocar la muerte a su mujer. Además
del vídeo, Ángel escribió hace días una carta en la que relataba el
sufrimiento de su esposa y anunciaba la decisión de ayudarla a morir.
"Es
evidente que el deseo de María José a fin de que se cumpla necesita que
se la ayude, por su incapacidad a realizarlo por ella misma, y como es
una constante en ella demandar ese auxilio no habrá más remedio que
proporcionarle esa ayuda para que su deseo se cumpla", explicó el marido
en una carta hecho pública hoy por la asociación Derecho a Morir
Dignamente (DMD).
En la misiva, el hombre detalla los
motivos que les han llevado a tomar esta decisión y se dirige a los
"negacionistas" de la eutanasia para pedirles que sean conscientes "del
dolor que ocasionan a todos aquellos que como María José y su familia
sufren por su actitud".Asimismo, pide a los
legisladores que evolucionen hacia posiciones menos contrarias a la
eutanasia para evitar que alguien que lo necesite tenga que transitar
por los mismos caminos que ellos.
En el mismo sentido
se ha pronunciado el presidente de DMD, Javier Velasco, quien ve
"injusto que se impute penalmente a este hombre por un "acto de amor,
ayuda y respeto a la voluntad de su mujer". El Código
Penal regula en su artículo 143 la inducción al suicidio o la
cooperación con el suicidio de otras personas, con un rango de penas que
va de los dos a los diez años de prisión, aunque se prevé una rebaja si
hay petición expresa de la víctima y ésta padece una enfermedad grave.
Desde
la muerte de Ramón Sampedro hace 21 años, han sido varias las ocasiones
en las que el debate de la eutanasia ha saltado a la palestra, como
tras la condena en 2016, a dos años de prisión, al joven Ignacio Sánchez
Olaso por ayudar a su madre enferma a suicidarse. Velasco
ha instado a los partidos a que en la próxima legislatura despenalicen
de forma urgente esta práctica ya que la disolución de las Cortes,
consecuencia del adelanto electoral, ha impedido aprobar la primera ley
de eutanasia de España, que inició su andadura parlamentaria en junio
del pasado año después de que todos los grupos, salvo el PP, respaldaran
la propuesta socialista.
La nueva legislatura que se
inicia tras las elecciones generales del 28 de abril abre de nuevo la
puerta a que España cuente con su primera ley de eutanasia. De hecho, el
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió la pasada semana que
si gobierna nuevamente regulará la eutanasia para que "la muerte sea tan
digna como la vida".
Por su parte, Unidas Podemos ha
confirmado que registrará una ley "con todas las garantías necesarias
para las personas que deciden poner fin a su vida, así como para los y
las profesionales que las asisten", mientras que a juicio de Ciudadanos
todos los partidos deben hacer "autocrítica" tras este caso y ha
apostado por la necesidad de una regulación. Desde el PP, lamentan no poder manifestarse al respecto ya que aun no se ha presentado su programa electoral.