EFE | La
secretaria de Estado de la España Global, Irene Lozano, ha asegurado
hoy que los gobiernos "tienen la obligación" de defenderse de las "fake
news" que hacen peligrar la democracia ya que manipulan los datos y
crean una realidad alternativa.
Lozano ha clausurado este martes una jornada sobre "Desinformación,
Periodismo y Democracia" organizada por la Universidad Carlos III de
Madrid en la que han participado representantes de la Comisión Europea,
medios de comunicación, compañías tecnológicas y de empresas dedicadas a
la comprobación de datos. Lozano ha explicado que su trabajo consiste en
"proyectar y defender la reputación de España" lo que implica un
"compromiso con los hechos, con la realidad" y un esfuerzo por
contrarrestar las estrategias de quienes falsean la realidad y manipulan
los datos para crear una "realidad alternativa".
La
secretaria de Estado ha planteado que, al romperse el "consenso sobre lo
real" se produce "la división, el sectarismo, la polarización; en
definitiva, una ruptura de la convivencia", que es el fin último de la
democracia. Así, el debate público "se ha sembrado de
mentiras, de inexactitudes, de dudas" lo que ha generado "unos niveles
de polarización que socavan a sociedades liberales y libres como la
nuestra", tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, "porque la
democracia es inseparable de la deliberación".
Para
Lozano, "nuestras sociedades abiertas y democráticas dependen de que los
ciudadanos puedan tener acceso a información verificable que les
permita formarse una opinión sobre diferentes asuntos políticos".
Los ataques a la prensa y a los tribunales, el cuestionamiento de
procesos electorales y de proyectos como la UE a partir de noticias
falseadas y desinformación "pueden parecer inofensivos en un primer
momento, pero sus efectos son devastadores para sociedades abiertas como
la nuestra", ha considerado.
La desinformación está
afectando hasta tal punto al debate público y político que los procesos
democráticos se ven "amenazados y las instituciones desacreditadas".
Por ello, los gobiernos están obligados a combatir la desinformación y
"responder a cualquier intento de manipulación o desinformación
encaminada a distorsionar las campañas electorales o el debate público
en general".