EFE | José Enrique Abuín Gey, el Chicle, ha negado hoy que
hubiese intentando raptar a una joven en Boiro (A Coruña) la noche del
25 de diciembre de 2017 y ha contado que únicamente intentó robarle el
teléfono móvil.
"Cuando me dirigí al coche andando, me encontré con esta chica de frente
y como necesitaba dinero le pedí el móvil, solo eso; no me quiso dar el
móvil, forcejeamos y no recuerdo nada más", ha señalado en la primera
sesión del juicio por este caso, que se celebra en Santiago de
Compostela, y que ha comenzado con una hora de retraso sobre la hora
prevista.
A preguntas del Ministerio Fiscal, Abuín Gey ha rechazado que
intentase meter a la víctima en su coche, puesto que, según su versión,
aquel día 25 de diciembre en el que salió de casa para robar gasóleo -al
igual que la jornada en la que supuestamente asesinó a la joven Diana
Quer- ni siquiera llegó a abrir el maletero del vehículo ya que el
acusado "estaba a cinco metros del coche, igual más".
Asimismo, el Chicle ha sostenido que no pudo intentar introducirla en
el maletero puesto que casi no podía levantar el brazo derecho por
encima del hombro, dado que está operado desde hace años y tiene la
movilidad reducida. Lo único que ha dicho recordar es que intentó quitarle el móvil "con la mano izquierda".
Juan Carlos Quer y la madre de la joven de Boiro reclaman "justicia"
Por otro lado, Juan Carlos Quer y la madre de la joven a la que José Enrique Abuín Gey,"el Chicle", intentó raptar el 25 de diciembre de 2017 en Boiro (A
Coruña) han reclamado "justicia" justo antes del comienzo del juicio por
este segundo caso en la Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en
Santiago de Compostela.
"Lo que queremos ahora mismo es justicia, es lo único
que puedo decir", ha dicho la madre de la joven a la que el Chicle
intentó introducir en el maletero de su coche, si bien su tentativa se
vio frustrada por la aparición de dos hombres, ante lo que el acusado se
dio a la fuga.
Por su parte, Juan Carlos Quer, padre de Diana Quer, ha
destacado que el acusado tiene "causas penales abiertas, todas en la
misma dirección: intentos de agresiones sexuales", y ha afirmado que ha
venido a la vista "para apoyar a los familiares, como no podría ser de
otro modo". "A individuos como este hay que ponerlos
al margen de la sociedad; estamos ante una persona capaz de hacer lo que
hizo con mi niña y, mientras ella estaba depositada en un pozo, estaba
intentando agredir sexualmente y volver a depositar en un pozo a una
segunda víctima", ha manifestado el padre de la joven madrileña.
Juan Carlos Quer ha celebrado que, "afortunadamente, esta chica no ha
tenido el mismo destino que Diana gracias a que dos ciudadanos
ejemplares la sacaron del maletero", por lo que ahora "solo cabe
respetar la decisión de la justicia".
En este
sentido, espera que en los tres días que se prevé que dure el juicio
"quede acreditado el 'modus operandi' de este individuo, quien, igual
que un depredador, acechaba a su víctima de un modo frío, esperando su
oportunidad para atacar". "El momento de los hechos
quedó grabado, por lo que solo queda hacer justicia", ha precisado Quer,
quien ha recordado que, si bien la víctima ha sobrevivido, "ha quedado
marcada de por vida".
Por último, ha reclamado que el
legado de su hija Diana "sirva para evitar más víctimas", tras lo que
ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a escuchar "el
clamor popular de más de tres millones de ciudadanos, siete de cada diez
españoles", que reclaman la prisión permanente revisable.
"La sociedad debe tener el derecho a conocer la posición de cada
partido político en este sentido; no se debe volver a silenciar el
clamor de la gente que pide justicia", ha proseguido Quer, quien ha
reivindicado que "el principal valor" de la Constitución es "la vida" y
hay que garantizarlo "con una nueva tipificación y normas penales
efectivas".
El Chicle está acusado de un delito de
detención ilegal o, alternativamente, uno consumado de coacciones, así
como de un intento de agresión sexual, robo con violencia e intimidación
en grado de tentativa, un delito de amenazas y otro de lesiones.
La Fiscalía solicita una condena de 15 años y diez meses de cárcel y al
abono de una indemnización de 15.750 euros, o alternativamente, doce
años y diez meses.